La CGT gana un round y denuncia “retroceso de derechos”
El reciente fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, a cargo del juez Raúl Ojeda, que suspendió de manera provisoria la aplicación de más de 80 artículos de la Ley 27.802 de reforma laboral, reconfiguró el escenario político y sindical en el país.
Mientras el Gobierno nacional prepara su apelación, el movimiento obrero interpreta la resolución como un respaldo a sus planteos históricos. Desde Salta, el titular de la CGT regional, Carlos Rodas, fue contundente al analizar el alcance de la medida judicial: “Significa que los trabajadores teníamos razón al oponernos a esta ley”, sostuvo, al tiempo que destacó que el magistrado consideró que existen “indicios suficientes de inconstitucionalidad y peligro en la demora”.
La resolución judicial se centra en la posible afectación de derechos laborales adquiridos. Rodas explicó que el fallo pone el foco en el riesgo de un “consumo de derechos”, es decir, en la posibilidad de que, de aplicarse la norma, se generen perjuicios irreversibles para los trabajadores. Entre los puntos más sensibles que quedaron suspendidos, el dirigente enumeró el impacto sobre el derecho de huelga, las modificaciones en convenios colectivos, el sistema de indemnizaciones, las condiciones de trabajo y la regulación del teletrabajo. También se frenaron cam bios en el cálculo de intereses en juicios laborales y la posibilidad de pagar sentencias en cuotas. “El conjunto de estos artículos implica un retroceso. Afecta la negociación co-lectiva, la estabilidad la-boral y la protección frente al despido”, remarcó.
El corazón del conflicto
Más allá de la discusión técnica, Rodas planteó una crítica de fondo al rumbo de la política laboral del Gobierno. Según su visión, la reforma apunta a consolidar un esquema más favorable al sector empresario en detrimento de los trabajadores. “Está claro que el Gobierno pretende imponer una tendencia a favor de la patronal, desconociendo el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”, afirmó.
En esa línea, advirtió que se pone en riesgo no solo el derecho de huelga, sino también la libertad sindical y el principio de negociación colectiva. El dirigente también cuestionó la redefinición del concepto de trabajo impulsada por la normativa, al considerar que se aleja del estándar de “trabajo decente” promovido por organismos internacionales como la OIT.
Una batalla que recién empieza
Pese al entusiasmo sindical, el escenario dista de estar resuelto. La medida es cautelar y el debate de fondo sobre la constitucionalidad de la ley continúa abierto en los tribunales. En ese contexto, Rodas llamó a sostener la organización y la unidad del movimiento obrero: “Esto es mucho más que una suspensión de normas. Es un triunfo de la justicia y de la organización colectiva”, sostuvo. Sin embargo, reconoció que el conflicto seguirá escalando. De hecho, la propia CGT ya anticipa una estrategia dual: por un lado, profundizar la disputa judicial; por otro, redefinir su accionar frente a un contexto económico complejo, con tensiones en el empleo y caída de la actividad
El cierre del dirigente salteño dejó en claro que el conflicto excede lo estrictamente jurídico. “La responsabilidad es de todos: trabajadores, gremios, delegados e instituciones”, expresó, en un llamado a sostener la vigilancia colectiva frente a posibles avances sobre derechos laborales.