Habló el juez que frenó la reforma laboral: “Hay millones de contratos en juego”
El juez laboral Raúl Ojeda defendió su fallo contra puntos clave de la reforma del Gobierno nacional. Habló de “millones de contratos en riesgo”, cuestionó la idea de la “industria del juicio” y reivindicó la función del fuero laboral como garante constitucional.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei ya tiene su primer gran freno en la Justicia. Y no fue menor. La medida cautelar dictada por el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, no sólo suspendió artículos sensibles, sino que encendió una discusión de fondo sobre el alcance de las reformas y el rol del Poder Judicial.
En una entrevista extensa con el periodista Héctor Alí en FM Pacífico, el magistrado dejó en claro que su decisión no respondió a una lectura formalista, sino a la magnitud del impacto. En ese marco reconoció que se trata de “una brasa caliente” y apuntó a los “millones de contratos de trabajo en funcionamiento que pueden ser afectados, hay millares de sindicatos que pueden ser afectados, hay millares de convenios colectivos que podrían ser afectados”.
El juez marcó así una diferencia central con otros fallos judiciales que minimizaron la urgencia del planteo. “Una cosa es una cuestión de competencia, que puede resolverse en días, y otra cosa es intervenir sobre millones de relaciones laborales. Eso sí puede provocar perjuicios irreparables”, insistió.
El contrapunto con otros fallos y la noción de urgencia
En la entrevista, el periodista le recordó que un juzgado contencioso administrativo federal había rechazado una cautelar similar presentada por la CGT. Ojeda no esquivó la comparación. “Sí, fue rechazado, pero en cautelar, no en definitiva. Ojo con eso”, aclaró. Y detalló: “Ese juez dijo que no había urgencia ni consecuencias irreparables. Bueno, ahora habrá que ver qué dice en la sentencia definitiva”. Pero inmediatamente volvió a marcar el punto de quiebre: “Son temas distintos. Una cosa es a dónde voy a presentar un juicio. Otra cosa es el funcionamiento actual de millones de contratos laborales. Eso es otra dimensión”. La insistencia no es casual. Para Ojeda, la clave de su decisión está en ese criterio: el riesgo inmediato sobre el sistema laboral vigente.
“La justicia laboral no es un capricho”
Uno de los momentos más sólidos de la entrevista fue cuando el juez se mete de lleno en la discusión sobre el fuero laboral, que la reforma pone indirectamente en cuestión. “La justicia nacional del trabajo es un símbolo para el país”, sostuvo.
Y no se quedó en la frase elegante: la desarrolló con precisión. “Fue la primera justicia especializada que se creó justamente para que los jueces civiles o comerciales no tengan en sus manos las cuestiones sociales. Porque para tratar cuestiones sociales necesitás una mirada especial, preparada, distinta”, explicó. En ese marco, cuestionó los intentos de trasladar competencias a otros ámbitos judiciales: “La especialidad tiene que juzgarlo un juez especializado”.
Y fue más allá al advertir que la discusión no es solo técnica: “Hay competencias federales que no pueden ser transferidas, como cuando el Estado es empleador o cuando hay trabajadores en el extranjero. No es tan simple como mover expedientes de un lugar a otro”.
El Poder Judicial como ámbito incómodo
El impacto político del fallo es evidente. Y Ojeda lo sabe. Pero lejos de esquivar el tema, lo enfrentó de manera directa.“Esto forma parte de nuestro trabajo”, afirmó. Y agregó: “No estamos acostumbrados a que la Justicia intervenga en cuestiones tan grandes, pero alguien tiene que hacerlo”. En una de las definiciones más contundentes, explicó el rol del Poder Judicial en el sistema republicano: “Si no, seríamos una mera escribanía de los actos políticos”. La metáfora fue aún más clara: “En el partido de fútbol tiene que haber un árbitro. Y el Poder Judicial cumple esa función”. Y remató con una idea que incomoda, pero ordena: “Los actos políticos cambian según el gobierno de turno. El Poder Judicial no.
“La industria del juicio no existe”
Si hay un argumento repetido hasta el cansancio en el debate laboral argentino, es el de la supuesta “industria del juicio”. Ojeda lo desarmó con números y lógica. “No existe”, dijo sin matices. Y enseguida explicó: “Si en Argentina hay cerca del 50% de trabajo no registrado, debería haber millones de juicios. No los hay. Es apenas un porcentaje mínimo”.
El razonamiento es simple, casi brutal: “Si todos los trabajadores no registrados hicieran juicio, el sistema colapsaría. Pero no pasa”. Además, aportó un dato que suele quedar fuera del debate público: “La mayoría de los juicios no son por despidos ni por trabajo en negro. Son por accidentes”. La explicación, según el magistrado, es estructural: “No hemos logrado instalar una cultura de la prevención. Hay muchos accidentes evitables. Y después viene el juicio, inevitablemente”.
Otro punto sensible es el intento de avanzar hacia negociaciones laborales por empresa, debilitando los convenios colectivos por actividad. Ojeda lo definió como un cambio profundo, no menor: “Eso es un sueño desregular el convenio colectivo por actividad, que fue un modelo que hizo famosa a la Argentina en el mundo”. La frase no es casual. Apunta a señalar que lo que está en juego no es solo una norma, sino un esquema histórico de regulación laboral. “Veremos cómo lo defiende el Estado cuando tenga que contestar la demanda”, deslizó, dejando abierta la incógnita sobre el desenlace judicial.
Consultado sobre el planteo de la CGT, el juez confirmó que la demanda incluye tanto derechos individuales como colectivos: “Derechos de asociación, de negociación y de conflicto”. Sin embargo, fue cuidadoso al marcar límites: “No puedo dar más precisiones porque el Estado todavía tiene que contestar la demanda”. Y dejó una advertencia que baja la ansiedad política: “Una cautelar no define todo. Después hay que dictar sentencia, y esa sentencia puede ratificar o modificar lo que se resolvió”.
Consultado sobre el planteo de la CGT, el juez confirmó que la demanda incluye tanto derechos individuales como colectivos: “Derechos de asociación, de negociación y de conflicto”. Sin embargo, fue cuidadoso al marcar límites: “No puedo dar más precisiones porque el Estado todavía tiene que contestar la demanda”. Y dejó una advertencia que baja la ansiedad política: “Una cautelar no define todo. Después hay que dictar sentencia, y esa sentencia puede ratificar o modificar lo que se resolvió”. La resolución de fondo todavía está lejos. El Estado deberá responder la demanda, el proceso seguirá su curso y el conflicto entre reforma y derechos continuará escalando. Pero algo ya quedó claro: la discusión dejó de ser técnica: “Hay millones de relaciones laborales en juego”.