Orán: Denuncian irregularidades y objetan a la Auditoría provincial
Las redes sociales volvieron a convertirse en escenario de denuncia política en San Ramón de la Nueva Orán. Esta vez, la concejala opositora Alejandra Pato expuso públicamente una serie de cuestionamientos sobre la administración municipal, poniendo el foco en contrataciones, obras públicas y la falta de intervención de los organismos de control.
A través de una publicación en su red social de Facebook la edil sostuvo que en la ciudad “se acumulan pruebas” sobre posibles irregularidades, mientras que las respuestas institucionales siguen sin aparecer. En ese marco, apuntó tanto a la Auditoría General de la Provincia como al ámbito judicial, al advertir que la ausencia de pronunciamientos genera “serias dudas”. Según planteó, el Concejo Deliberante ya aprobó iniciativas formales solicitando la intervención del organismo de control provincial, especialmente sobre la ejecución presupuestaria del año 2023.
Para la concejala, ese período concentra los hechos más relevantes que deberían ser investigados, aunque hasta el momento no se habrían obtenido informes ni avances concretos. Pato remarcó que la insistencia en estos pedidos surgió luego de la presentación de documentación vinculada a presuntas irregularidades. Sin embargo, aseguró que la falta de respuestas oficiales persiste, incluso tras nuevos requerimientos aprobados por el propio cuerpo legislativo. Las críticas también alcanzaron a la actual gestión municipal encabezada por el intendente Baltasar Lara Gros.
En particular, la edil mencionó el contrato del sistema denominado “Orán Luz” y el esquema de contratación de obra pública como puntos que requieren auditoría. En ese sentido, denunció que reiterados pedidos de informe no fueron contestados y que se habría negado el acceso a documentación vinculada a obras ejecutadas, inconclusas o pendientes. El trasfondo de la denuncia no es menor: Pato advirtió que las situaciones señaladas involucran “cifras millonarias” y que la comunidad tiene derecho a conocer el destino de esos recursos.
En su planteo, la transparencia no solo aparece como una demanda política, sino como una obligación institucional frente al uso de fondos públicos. La concejala también vinculó la situación de Orán con otros casos en la región, al señalar que distintos departamentos del norte provincial atraviesan cuestionamientos similares. Bajo esa lógica, planteó que el Concejo tiene la facultad de requerir información y, eventualmente, poner los antecedentes en manos de la Justicia para su investigación. Sin embargo, el eje más crítico de su exposición apunta a la falta de respuestas. La ausencia de intervención tanto de la Auditoría como del Ministerio Público Fiscal alimenta, según expresó, sospechas sobre posibles niveles de connivencia o inacción institucional.
El planteo abre un nuevo capítulo en la tensión política local, donde la oposición insiste en la necesidad de controles efectivos mientras el oficialismo, al menos públicamente, mantiene silencio frente a estas acusaciones.