El fin de “Potenciar Trabajo” golpea a más de 52.000 salteños
El final del programa “Volver al Trabajo”, heredero de las políticas de asistencia como “Potenciar Trabajo”, se inscribió en un contexto económico que ya venía mostrando señales de desgaste profundo. Desde diciembre de 2023, la Argentina atravesó un deterioro social sostenido, menos ruidoso que otras crisis, pero igual de persistente.
En ese escenario, las provincias del interior quedaron particularmente expuestas a una combinación que no perdona: inflación en alza, recesión, caída del consumo y un retiro progresivo del Estado nacional en áreas sensibles. La decisión del Gobierno de avanzar con el cierre del programa impacta directamente sobre más de 900.000 beneficiarios en todo el país, de los cuales 52.739 corresponden a Salta.
Se trata, en su mayoría, de sectores en situación de vulnerabilidad. El reemplazo propuesto, basado en vouchers de capacitación con cupos acotados y mayores exigencias, no logró despejar las dudas más urgentes: cómo sostener el día a día en el corto plazo y qué posibilidades reales existen de inserción laboral en una economía que no genera empleo.
Detrás de la decisión administrativa aparece un efecto concreto y medible. Según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, la provincia de Salta perdería $49.364 millones anuales en circulación, una cifra que impacta de lleno en el consumo interno. El número se traduce en comercios que venden menos, en cadenas de pago que se interrumpen y en economías regionales que empiezan a resentirse. La medida se combina con otros factores que profundizan el cuadro: la caída del salario real, la eliminación de subsidios a servicios esenciales como la luz y el gas, y un esquema desigual en el transporte público, donde el AMBA continúa recibiendo asistencia mientras el interior enfrenta tarifas más altas.
A esto se suma el parate casi total de la obra pública, que en muchas provincias funcionaba como motor de empleo y dinamizador económico. En ese marco, la estrategia del Gobierno nacional de “achicar el Estado” y equilibrar las cuentas públicas tiene una traducción concreta en los territorios: menos recursos, más presión sobre las provincias y un traslado de responsabilidades sin financiamiento. Las administraciones locales deben cubrir demandas crecientes en salud, educación y asistencia social, con presupuestos cada vez más ajustados.
El resultado empieza a percibirse en la calle. Aumenta la informalidad laboral, se multiplican los cierres de pequeños y medianos comercios y crece el endeudamiento de los hogares, que recurren al crédito para cubrir gastos básicos. Mientras tanto, la discusión de fondo sigue abierta. El esquema de ajuste nacional plantea una tensión estructural entre el orden fiscal y el sostenimiento del entramado social y productivo. En el interior del país, esa tensión se vive con mayor crudeza, en un escenario marcado por la histórica desigualdad con el Área Metropolitana.