Por la caída de la coparticipación, el gobierno salteño aplicará medidas de austeridad
El Gobierno salteño dispuso un conjunto de medidas de austeridad con el objetivo de reorganizar las cuentas públicas frente a la disminución de ingresos por coparticipación.
La decisión fue anunciada por la vocera oficial, Paula Benavides, quien informó que el gobernador Gustavo Sáenz firmó un decreto con vigencia de 180 días.
Según se explicó la medida responde a una marcada caída de los recursos coparticipables, vinculada principalmente a la retracción del consumo.
En este contexto, desde el Ejecutivo provincial se remarcó que el ajuste se concentrará en el gasto administrativo, bajo la premisa de que “el ejemplo debe empezar por casa”, evitando trasladar el impacto a los sectores más vulnerables.
El decreto establece el congelamiento total de las remuneraciones de los funcionarios de mayor jerarquía, incluyendo al Gobernador, Jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores.
La medida también alcanza a organismos como la Secretaría General de la Gobernación, Fiscalía de Estado, Sindicatura General, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, así como a cargos directivos y personal de apoyo.
Asimismo, se dispuso la no incorporación de nuevo personal durante el período de vigencia.
Entre las restricciones previstas, se prohíben las comisiones de servicio al exterior, salvo en casos excepcionales de interés estratégico o emergencia, y se suspenden los gastos vinculados a cortesía y protocolo.
Además, la normativa instruye a revisar y renegociar, en un plazo máximo de 60 días, los contratos en moneda extranjera relacionados con la provisión de bienes y servicios, con el fin de adecuar los costos.
El decreto también incorpora mecanismos de control más estrictos sobre el funcionamiento del Estado.
En ese sentido, los organismos descentralizados deberán presentar rendiciones mensuales al Ministerio de Economía, mientras que se intensificará la supervisión del parque automotor oficial, especialmente en lo referido al consumo de combustible y uso de vehículos.
Desde el Gobierno provincial se destacó que la iniciativa busca dar previsibilidad a las finanzas públicas en un contexto económico adverso.
En paralelo, se invitó a los otros poderes del Estado a adoptar medidas similares, en línea con el criterio de responsabilidad fiscal.
En contraposición a las políticas nacionales, la vocera sostuvo que la Provincia mantiene un enfoque de ajuste focalizado, priorizando sostener áreas sensibles.
En ese marco, se remarcó la continuidad de programas como el subsidio al transporte, el pago del incentivo docente y el acompañamiento a instituciones que trabajan con personas con discapacidad.
Como ejemplo, se mencionó el caso de HIRPACE, entidad que recibe cobertura total de los servicios de luz y agua por parte del Estado provincial.
Asimismo, se informó sobre gestiones realizadas por el gobernador Sáenz ante autoridades nacionales para garantizar el financiamiento de estas instituciones, así como la restitución de pensiones previamente dadas de baja.
Durante la conferencia también se abordó el impacto de decisiones adoptadas a nivel nacional, como la eliminación del programa “Volver al Trabajo”.
Según se indicó, la medida afecta a más de 200.000 salteños, con un impacto directo en 53.000 beneficiarios y una reducción estimada de 4.000 millones de pesos mensuales en la economía local.
Desde el Ejecutivo advirtieron que estos fondos dinamizaban el consumo en comercios de cercanía y que su interrupción genera incertidumbre, especialmente ante la falta de precisiones sobre los mecanismos de reemplazo anunciados.
Por otra parte, se destacó el rol del Estado provincial frente a la emergencia climática reciente. En ese contexto, se informó que se realizaron más de 100 vuelos de asistencia aérea para distribuir alimentos, agua y medicamentos en zonas de difícil acceso.
En particular, en Rivadavia Banda Norte y Banda Sur se entregaron 8.000 módulos alimentarios, mientras que más de 35 municipios recibieron asistencia con agua potable, colchones, chapas y otros insumos esenciales.