Dolor, denuncia y presión: los padres de Tomás pidieron ayuda a Diputados

A más de una semana de la muerte de Tomás, el niño de cinco años atropellado en La Merced, el dolor de su familia se transformó en un pedido desesperado de justicia.

Este martes, en el marco de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Salta, sus padres presentaron una carta en la que denuncian no solo el hecho, sino también un contexto de presiones y amedrentamientos que, aseguran, rodea la causa. Ramona Alejandra Alancay y Pablo Hernán Arias relataron que el pasado 5 de abril su hijo fue embestido por José Miguel Plaza, señalado como chofer del intendente Javier Wayar.

En el mismo escrito, remarcaron que el vehículo involucrado estaría registrado a nombre del jefe comunal, lo que, según plantean, agrava el cuadro institucional. “Lejos de ponerse a disposición, inició un raid mediático tendiente a deslindar su responsabilidad”, señalaron los padres. Pero el punto más delicado de la denuncia aparece después: la familia sostiene que, por su posición de poder, el intendente “intenta amedrentar a testigos del hecho”, además de mencionar denuncias impulsadas por su entorno familiar y “amenazas a través de punteros políticos”. En ese contexto, el pedido a los legisladores provinciales es directo: intervención, acompañamiento y garantías para que la causa avance sin interferencias.

El informe del Concejo

Lejos de ser un respaldo circunstancial, el informe elevado por el Concejo Deliberante de La Merced funciona como una radiografía detallada —y bastante incómoda— del estado del municipio. El documento, remitido a la Cámara de Diputados en el marco del expediente de intervención, no se limita a una descripción general: construye un recorrido cronológico, administrativo y judicial que intenta demostrar que la situación actual no responde a un hecho aislado, sino a un proceso sostenido de deterioro de la gestión pública.

En primer lugar, el Concejo deja asentado que durante los últimos años se acumularon reclamos vecinales formales, canalizados a través de expedientes y actas, vinculados a fallas estructurales en la prestación de servicios básicos, problemas de infraestructura, falta de mantenimiento urbano y situaciones de abandono en distintos barrios. Entre los casos señalados, se destacan denuncias por anegamientos, deficiencias viales, irregularidades en loteos urbanos y falta de control estatal, además de problemáticas sociales no abordadas, como el consumo problemático de sustancias y la ausencia de políticas públicas de contención. El informe también menciona irregularidades en la gestión de residuos, incluyendo la conformación de basurales clandestinos en predios municipales, pese a la existencia de convenios formales para la disposición final.

Auditorías sin cierre y faltas de control

Otro de los ejes centrales del documento apunta a la situación administrativa y financiera del municipio. Según se detalla, existen expedientes en la Auditoría General de la Provincia correspondientes a las cuentas de ejercicios recientes que aún no cuentan con dictamen definitivo. Incluso, se remarca que —con excepción del año 2020 en contexto de pandemia— varios períodos no tienen evaluación formal concluida, lo que evidencia, según el Concejo, una debilidad en los mecanismos de control institucional. Esta falta de definiciones, lejos de ser un tecnicismo, impacta directamente en la transparencia de la gestión y en la posibilidad de establecer responsabilidades administrativas.

Causas judiciales y antecedentes penales

El informe incorpora además el estado de una causa penal en curso que involucra a funcionarios y exfuncionarios municipales. Se trata de un expediente elevado a juicio por presuntos delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público, peculado y administración fraudulenta. Entre los implicados aparecen nombres vinculados a la estructura política local, incluyendo referencias a autoridades del propio Concejo en períodos anteriores.

El dato no es menor: según el documento, la causa ya superó la etapa de investigación y se encuentra en instancia de juicio, lo que implica que la Justicia consideró que existen elementos suficientes para avanzar.

En paralelo, el Concejo reconstruye los intentos fallidos de reglamentar y activar el mecanismo de juicio político, previsto en la Carta Orgánica Municipal. Desde 2021 en adelante, se sancionaron distintas ordenanzas orientadas a establecer ese procedimiento, pero todas fueron vetadas por el Departamento Ejecutivo municipal. Recién en 2025, con una nueva conformación del cuerpo, se logró insistir en una de esas ordenanzas y formalizar su vigencia. Sin embargo, el propio informe reconoce que persisten dificultades técnicas y operativas que impiden su aplicación inmediata. Traducido: el instrumento existe, pero no funciona. Y cuando funcionaba, lo frenaban.

A partir de todos estos elementos, el Concejo concluye que el municipio atraviesa una situación que excede conflictos aislados y compromete el normal funcionamiento del orden administrativo. El documento habla explícitamente de “gravedad institucional”, de alteración de la paz social y de un contexto de creciente conflictividad que se vio agravado por el fallecimiento de Tomás, señalado como un hecho detonante. En ese marco, el cuerpo deliberativo se pone a disposición de la Legislatura provincial, aporta documentación respaldatoria —incluso mediante repositorios digitales— y deja abierta la posibilidad de avanzar con medidas de mayor alcance, como una eventual intervención.

Pese a este cuadro, este martes la Cámara de Diputados volvió a rechazar el tratamiento sobre tablas de la destitución del intendente, impulsado por LLA.