Trabajadoras de casas particulares insisten en el boleto social
Las trabajadoras de casas particulares de Salta, organizadas en el grupo “Unidas Podemos Lograrlo”, retomaron un reclamo que lleva años de idas y vueltas sin respuesta: la restitución del boleto de transbordo o su inclusión en el sistema de tarifa social.
Con Ana Díaz como una de las principales referentes, el sector formalizó en los últimos días una nueva presentación ante SAETA, además de notas dirigidas a concejales, diputados y senadores provinciales. El objetivo es claro y bastante básico para cualquier sociedad que pretenda funcionar: poder llegar a trabajar sin que el costo del transporte se coma una parte desproporcionada de sus ingresos. En el escrito elevado al presidente de SAETA, Claudio Mohr, las trabajadoras describen una situación que, lejos de ser nueva, se volvió más crítica en el actual contexto económico.
“Nuestro trabajo sostiene hogares y familias todos los días, pero se realiza con salarios bajos que no alcanzan para cubrir necesidades básicas”, plantearon. Los números no son precisamente sutiles. Según detallaron en la nota, una trabajadora de quinta categoría con retiro percibe alrededor de $410.773 mensuales, mientras que el gasto en transporte puede alcanzar los $104.000. Traducido sin vueltas: casi un cuarto del sueldo se va solo en viajar para poder trabajar. Y eso en el mejor de los casos.
“Muchas compañeras no trabajan esa cantidad de horas y tienen varios empleos. Eso hace que el gasto en transporte sea aún mayor”, explicó Díaz en diálogo con Nuevo Diario, poniendo en evidencia un esquema donde trabajar más implica, paradójicamente, gastar más para sostener ese trabajo. La eliminación del boleto de transbordo, remarcan, no es un detalle técnico sino un golpe directo a la economía cotidiana. “Incrementa los costos de traslado y limita el acceso al empleo, profundizando la desigualdad que históricamente padecemos”, advierten en la presentación. El reclamo no apunta a la gratuidad total, aunque suene lógico pedirla en este contexto.
“No estamos pidiendo que nos regalen el pasaje. Pedimos que se restituya el transbordo o que se nos incluya en la tarifa social”, aclaró Díaz, desarmando uno de los argumentos más usados para desestimar el planteo. La tarifa social vigente, además, tiene un límite de 40 boletos mensuales con descuento, algo que resulta claramente insuficiente para quienes deben trasladarse todos los días, muchas veces a más de un empleo.
Una lucha de años
El pedido tampoco es nuevo ni improvisado. Las trabajadoras recuerdan que se trata de una demanda histórica que atraviesa distintas gestiones, desde el gobierno de Juan Manuel Urtubey hasta la actualidad. Incluso durante la pandemia —ese período en el que todos aplaudían a quienes sostenían la vida cotidiana— el sector planteó situaciones extremas vinculadas al transporte y al acceso al trabajo. La respuesta, en general, fue el silencio o la negativa.
“Venimos con el mismo ‘no’ de hace años”, resumió Díaz. Y agregó un dato que no es menor: “Nunca nos llamaron para decirnos en la cara que no se puede. Solo lo dijeron por los medios”. Ese punto revela otra capa del problema: no solo la precariedad económica, sino también la invisibilización de un sector compuesto mayoritariamente por mujeres, muchas de ellas jefas de hogar. “Esta vez tenemos la esperanza de que se entienda la vulnerabilidad de nuestro sector y que nos hagan sentir parte”, cerró Díaz.