Advierten sobre el uso de discapacidad como insulto y piden sanciones
En la sesión ordinaria de este miércoles, el Concejo Deliberante capitalino aprobó un proyecto de Resolución que expresa un enérgico repudio al uso de la discapacidad como forma de burla o descalificación en medios de comunicación y plataformas digitales.
La iniciativa, impulsada por el concejal José García (YP), también insta al Congreso de la Nación a fortalecer los mecanismos de control y sanción frente a estos contenidos.
Durante el tratamiento, García fundamentó que la propuesta surge a partir de un reclamo sostenido de familias y organizaciones vinculadas a la discapacidad. “Expresamos el repudio a las formas en que algunos medios y plataformas abordan el análisis político, utilizando términos vinculados a la discapacidad como insulto”, sostuvo, y aclaró que no se trata de limitar la libertad de expresión sino de establecer un límite claro frente a prácticas discriminatorias.
En ese marco, la concejala Malvina Gareca tomó la palabra y profundizó la discusión, señalando que este tipo de expresiones no son episodios aislados sino parte de un fenómeno reiterado. “No es un exabrupto aislado, ya venimos viendo diferentes manifestaciones donde se utilizan términos como ‘enfermos mentales’, ‘tontos’, ‘mogólicos’ o ‘down’ como insulto”, advirtió. Gareca remarcó que estas prácticas no solo resultan ofensivas, sino que, además, vulneran marcos legales vigentes. “Son situaciones que claramente violan la Ley 23.592 contra los actos discriminatorios y también la Ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual. Esto debería estar regulado y no tolerado”, afirmó.
En un discurso atravesado por su experiencia personal como madre de una niña con síndrome de Down, la edil puso el foco en el impacto concreto de estos mensajes. “No es nada agradable escuchar que estos términos los utilizan funcionarios, incluso el Presidente, y que luego son replicados por quienes los acompañan”, expresó, en referencia a declaraciones públicas que, según indicó, no fueron acompañadas por disculpas. La concejala fue categórica al diferenciar el concepto de libertad de expresión de los discursos de odio. “La libertad termina cuando empieza la dignidad del otro. No se puede insultar utilizando condiciones que describen a una persona”, sostuvo. Además, advirtió que el uso de la discapacidad como recurso humorístico o descalificación constituye una forma de violencia simbólica que refuerza prejuicios y profundiza la exclusión. “No solo afecta a las personas directamente aludidas, sino también a sus familias y a toda la comunidad”, señaló.
Gareca también vinculó esta problemática con un contexto más amplio de políticas públicas, al cuestionar la falta de implementación de la ley de emergencia en discapacidad. “No solo los insultan, también los abandonan. Hay un abandono simbólico, pero también material”, afirmó, al tiempo que recordó las recientes movilizaciones del sector.
El proyecto aprobado se apoya en principios constitucionales que garantizan la igualdad y prohíben la discriminación, así como en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en Argentina. Asimismo, retoma lo establecido por la Ley 23.592, que sanciona conductas discriminatorias, y la Ley 26.522, que exige a los servicios de comunicación evitar contenidos que vulneren la dignidad humana.