Aprobación de la Ley Octorina, para romper la naturalización del abuso
En una sesión cargada de simbolismo político y presión social acumulada durante años, el Senado de Salta aprobó este jueves por unanimidad la denominada Ley Octorina Zamora, una iniciativa orientada a visibilizar, prevenir y erradicar las violencias sexuales raciales contra mujeres, niñas y adolescentes de pueblos originarios.
La sanción no ocurrió en un vacío institucional. Fue el resultado de una construcción colectiva sostenida por organizaciones indígenas, feministas y de derechos humanos que, tanto dentro como fuera del recinto, acompañaron el tratamiento con una vigilia que se extendió durante horas, en una escena que combinó expectativa, memoria y una demanda histórica de justicia. En ese contexto, las organizaciones habían elaborado un documento previo que condensó el sentido político de la jornada: una denuncia directa contra el carácter estructural del “chineo”, definido como una práctica de violación sexual en grupo con raíces coloniales y racistas, y un reclamo urgente de intervención estatal.
El texto, construido desde voces indígenas y feministas, planteó que la ley representa “un punto de partida y un avance”, aunque advirtió sobre limitaciones en su alcance, especialmente en materia de reparación integral, participación efectiva de mujeres indígenas en las políticas públicas y mecanismos concretos de protección.
Visibilizar lo que se naturalizó
Durante el debate, el senador Walter Cruz, uno de los autores del proyecto, dejó en claro que la norma apunta a desmontar una naturalización histórica de la violencia: “El ‘chineo’ no es una costumbre ni una práctica cultural: es un delito. Es una violación de nuestras mujeres, niñas y adolescentes”. El legislador remarcó que la ley no crea nuevos delitos, sino que busca visibilizar, sensibilizar y garantizar herramientas concretas de intervención estatal, en línea con normativas ya vigentes en el derecho penal.
Uno de los puntos centrales es la creación de un protocolo interinstitucional de actuación, destinado a coordinar respuestas entre áreas de seguridad, salud, educación y justicia, con foco en la detección temprana, la denuncia y la asistencia integral a las víctimas.
Cruz también puso en el centro del debate el rol de las mujeres indígenas, muchas de ellas presentes en el recinto: “Son ellas las que vienen hace años luchando para erradicar este flagelo. Muchas lo padecieron, otras acompañaron y contuvieron”.
El reconocimiento no fue menor. La ley lleva el nombre de Octorina Zamora, en homenaje a una de las referentes históricas de esta lucha, aunque el propio senador aclaró que el proceso colectivo excede cualquier nombre propio.
“Si hoy tenemos que sancionar una ley para visibilizar estas violencias, es porque como sociedad hemos aprendido muy poco”, señalaron en el recinto.
La Ley fue aprobada por unanimidad y pasa al ejecutivo para su promulgación.
La calle que legisló
Mientras el Senado votaba artículo por artículo hasta su aprobación definitiva, afuera se desarrollaba otra escena igual de relevante: mujeres indígenas, referentas de colectivos de mujeres y diversidades, y organizaciones de derechos humanos sostuvieron una vigilia que funcionó como presión política y acto de reparación simbólica. No era solo acompañamiento. Era una forma de decir “esto no empezó hoy y no termina con la ley”. El documento elaborado en la previa, bajo la consigna #BastaDeChineo, recuperó testimonios, investigaciones y años de militancia territorial para denunciar que estas violencias fueron “ocultas y silenciadas por siglos”, y que su reconocimiento como crimen de odio racial es un paso indispensable para desarmar su impunidad. La ley abre una puerta. Lo que pase después va a depender de algo fundamental: implementación, presupuesto y voluntad política real.