Salta

Taibo advirtió sobre los riesgos de las redes sociales y pidió mayor control digital

La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto de declaración que propone regular el acceso y uso de redes sociales en niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de proteger su desarrollo integral, su salud mental y su integridad en entornos digitales.

Durante el debate, el diputado provincial Nicolás Taibo advirtió sobre los riesgos crecientes asociados al consumo excesivo de plataformas digitales en menores de 16 años y reclamó mayor compromiso del Estado y de las familias.

En ese marco, destacó que la expansión de internet en la provincia generó múltiples beneficios, aunque también abrió nuevos desafíos vinculados a la protección de los adolescentes.

Taibo planteó que el principal interrogante pasa por cómo acompañar a los jóvenes para que las redes sociales se transformen en herramientas de aprendizaje y no en espacios de consumo dañino.

Consecuencias negativas del mal uso de redes sociales

Durante su discurso, el diputado remarcó una serie de consecuencias negativas derivadas del uso excesivo de redes sociales. Entre ellas, mencionó afectaciones a la salud mental, exposición a contenidos inapropiados, ciberacoso, bullying, problemas de autoestima, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y deterioro del rendimiento académico.

A la vez, alertó sobre la pérdida de privacidad y los contactos con desconocidos a través de distintas plataformas digitales.

El legislador señaló que los adolescentes pasan “muchísimas horas frente a las redes” y mencionó aplicaciones como TikTok e Instagram, además de otras plataformas menos conocidas por los adultos. En ese sentido, consideró que el fenómeno no puede ser abordado como hechos aislados y remarcó la necesidad de generar políticas integrales de prevención y acompañamiento.

Anre ello, Taibo aseguró que distintos ministerios deben involucrarse en el abordaje de la problemática y consideró que ya existe trabajo estatal sobre el tema. Sin embargo, enfatizó que tanto la dirigencia política como las familias tienen una responsabilidad central en la protección de los menores.

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