Buscan dejar ad honorem cargos del OVCM y del Comité para la prevención de la tortura

La iniciativa impulsada por diputados oficialistas propone que representantes designados por los poderes del Estado dejen de percibir remuneración en dos organismos sensibles. Fuentes consultadas por Nuevo Diario advirtieron sobre el impacto técnico, político e institucional de la medida.

Además, marcaron observaciones sobre información difundida por medios locales respecto de la actual integración del Comité contra la Tortura. El proyecto de ley impulsado por diputados del bloque Todos por Salta para modificar el funcionamiento del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura abrió una fuerte polémica en ámbitos vinculados a las políticas de género, los derechos humanos y los organismos de control institucional.

La iniciativa propone que las personas designadas por los poderes del Estado para integrar ambos espacios pasen a cumplir funciones ad honorem. En el caso del Observatorio, alcanzaría a quienes representan al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Senado y a la Cámara de Diputados. En el Comité contra la Tortura, la modificación abarcaría a las representaciones del Ejecutivo y de ambas cámaras legislativas. El argumento formal del proyecto apunta a una reducción del gasto estatal y a la optimización de recursos públicos.

Sin embargo, las voces consultadas por Nuevo Diario plantearon que el debate no puede reducirse a una cuestión salarial, ya que involucra áreas de alta sensibilidad institucional: la producción de información sobre violencia de género y desigualdades, y el monitoreo de condiciones de detención para prevenir torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

¿Qué propone el proyecto para el Observatorio?

El texto modifica la Ley 7863, que creó el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Según la nueva redacción propuesta, el organismo continuará integrado por representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Senado, la Cámara de Diputados, la Universidad Nacional de Salta y organizaciones de mujeres legalmente constituidas que trabajen sobre violencia de género. El cambio central es que las personas designadas por los poderes del Estado deberán cumplir sus funciones sin remuneración. El Observatorio tiene como misión producir información permanente para aportar al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. No se trata, por lo tanto, de un espacio meramente simbólico, sino de un organismo técnico-político que trabaja sobre datos, diagnósticos, informes y articulaciones institucionales.

“No es un voluntariado”: las advertencias sobre el impacto real

Fuentes reservadas consultadas por Nuevo Diario cuestionaron que el proyecto transmita la idea de que estas funciones pueden sostenerse como si fueran una tarea voluntaria. Según señalaron, los cargos requieren alta formación técnica, disponibilidad de tiempo, estabilidad y capacidad para tomar decisiones complejas. En ese sentido, advirtieron que convertirlos en funciones ad honorem puede afectar directamente la calidad y continuidad del trabajo. También remarcaron que una modificación de estas características limita quiénes pueden participar.

En la práctica, sólo podrían sostener cargos sin remuneración aquellas personas que cuenten con otros ingresos, respaldo institucional o condiciones materiales que les permitan asumir responsabilidades de alto nivel sin salario. La observación apunta a un problema de fondo: un cargo ad honorem no necesariamente democratiza el acceso a la función pública. Por el contrario, puede restringirlo a perfiles con sostén económico previo. Y en organismos que requieren especialización, presencia institucional y continuidad, esa restricción puede tener consecuencias directas sobre el funcionamiento.

¿Ahorro fiscal real?

Otra de las críticas planteadas por las fuentes consultadas se centra en el alcance económico de la medida.

Las mismas fuentes analizaron que el eventual ahorro para el Estado sería reducido, ya que no se trata de una estructura numerosa ni de cargos ubicados entre los salarios más altos de la administración pública. La pregunta que surgió en las consultas realizadas por este medio fue concreta: cuánto puede ahorrar el Estado al quitar la remuneración de tres cargos y cuál es el costo institucional de hacerlo en un área vinculada a la violencia de género y las desigualdades. Desde esa mirada, el impacto presupuestario sería menor, pero el mensaje político sería fuerte. Especialmente en una provincia que continúa atravesada por situaciones críticas de violencia de género y donde la producción de información pública resulta clave para orientar políticas de prevención, asistencia y reparación.

Una fuerte señal sobre las políticas de género

Las fuentes consultadas interpretaron que la medida podría expresar una postura política más amplia frente a las áreas de género. El Observatorio no sólo trabaja sobre violencia contra las mujeres. También produce información sobre desigualdades estructurales, brechas, condiciones de acceso a derechos y problemas que requieren abordajes estatales sostenidos. En ese contexto, debilitar su conducción o reducir la posibilidad de dedicación de sus integrantes podría impactar sobre la capacidad del organismo para incidir en la agenda pública.

Las voces consultadas plantearon que el problema no es únicamente si se mantienen o no equipos técnicos, sino qué ocurre con la conducción institucional del organismo. Las directoras cumplen un rol clave para representar al Observatorio, articular con otros poderes del Estado, abrir canales de diálogo y transformar diagnósticos en propuestas de política pública. Es decir, no sólo se trata de producir informes. También se trata de lograr que esos informes sean escuchados.

Otro de los puntos más sensibles del análisis tiene que ver con la función que cumplen las integrantes del directorio del Observatorio. Según remarcaron las fuentes, las directoras tienen peso institucional para visibilizar investigaciones, sostener reclamos, impulsar agendas y dialogar con distintos sectores del Estado. Por eso, aunque el proyecto no elimine formalmente el organismo, la modificación podría afectar su capacidad de incidencia. En términos políticos, el riesgo señalado es que el Observatorio conserve su estructura nominal, pero pierda fuerza para intervenir en debates públicos y promover políticas concretas.

¿Qué cambiaría en el Comité para la prevención de la tortura?

El proyecto también modifica la Ley 8024, que regula el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. La iniciativa mantiene la integración de cinco miembros, pero establece que los representantes designados por Diputados, Senado y Poder Ejecutivo pasarán a cumplir funciones ad honorem. Sólo conservarán remuneración los dos integrantes provenientes de organizaciones de derechos humanos. Además, se elimina el régimen de incompatibilidades que impedía a los miembros desarrollar otras actividades remuneradas, salvo tareas académicas o de capacitación.

Desde organismos de derechos humanos surgieron cuestionamientos sobre el impacto de la reforma y sobre información difundida en medios locales respecto a la integración actual del Comité. Fuentes consultadas por Nuevo Diario recordaron que Rodrigo Solá dejó el organismo en diciembre tras asumir funciones a nivel nacional y que el mandato de Cristina Cobos venció en febrero. Según explicaron, el único integrante con continuidad formal sería el representante del Senado, mientras otros cargos continúan pendientes de regularización. También advirtieron sobre una posible acefalía del organismo y cuestionaron la falta de llamados a concurso para cubrir vacantes antes del vencimiento de los mandatos

Otro punto observado es que el proyecto establece que los representantes deberán provenir de organizaciones de derechos humanos “reconocidas legalmente”. Fuentes consultadas alertaron que esa redacción podría dejar afuera a organismos históricos con amplia trayectoria territorial, pero sin personería jurídica formal.

Mucho más que una discusión salarial

Tanto el Observatorio de Violencia contra las Mujeres como el Comité contra la Tortura cumplen funciones de monitoreo, producción de información y control sobre áreas sensibles del Estado. Por eso, las críticas apuntan a que el debate no puede limitarse al ahorro presupuestario. Mientras el oficialismo habla de racionalización del gasto, sectores vinculados a ambos organismos advierten sobre un posible debilitamiento institucional en áreas clave de derechos humanos y políticas de género. Porque, curiosamente, los ajustes casi nunca empiezan por los lugares donde sobra poder.