Comunicadoras rechazan intento de dejar ad honorem cargos del OVCM
La Red de Comunicadoras de Salta manifestó su rechazo al proyecto de ley que propone que las representantes designadas por los poderes del Estado en el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (OVCM) desempeñen sus funciones ad honorem.
A través de un comunicado difundido ayer, 11 de mayo, la organización expresó su “profunda preocupación” por una iniciativa que, según advirtieron, puede debilitar a uno de los organismos clave para la producción de información pública y el diseño de políticas contra la violencia de género en la provincia.
El pronunciamiento se conoció luego de que se tomara conocimiento sobre el proyecto impulsado por diputados del bloque Todos por Salta, que propone modificar el funcionamiento del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, con el argumento de reducir el gasto estatal y optimizar recursos públicos. La iniciativa plantea que las personas designadas por los poderes del Estado en ambos organismos pasen a cumplir funciones sin remuneración.
Desde la Red remarcaron que el Observatorio “no es un organismo accesorio ni prescindible”, sino una institución creada frente a la persistencia de la violencia de género y la necesidad de contar con información “calificada, sistemática y confiable” para orientar políticas públicas de prevención, abordaje y erradicación de las violencias contra las mujeres. En ese sentido, consideraron que avanzar sobre las condiciones de funcionamiento del organismo constituye una señal política preocupante, especialmente en una provincia que se encuentra en emergencia por violencia de género desde hace 12 años. “Si ambas Cámaras renuevan cada dos años la emergencia por violencia de género, resulta imprescindible que en esta oportunidad actúen en consecuencia”, señalaron en el comunicado.
La organización también cuestionó la idea de que las responsabilidades del Observatorio puedan ser sostenidas sin reconocimiento económico. Según plantearon, la tarea de sus directoras requiere formación, responsabilidad pública, compromiso técnico y trabajo político sostenido. No se trata solamente de producir datos, sino de interpretar realidades complejas, elaborar diagnósticos, generar recomendaciones, articular con organismos del Estado y de la sociedad civil, impulsar instancias de sensibilización y contribuir a que las políticas públicas se construyan sobre evidencia. El planteo coincide con las advertencias ya recogidas por este medio, en las que fuentes consultadas señalaron que convertir estos cargos en funciones ad honorem puede afectar la continuidad, la calidad técnica y la capacidad de incidencia institucional del Observatorio. También remarcaron que, en la práctica, una función sin remuneración restringe la posibilidad de participación a quienes cuentan con otros ingresos o respaldo económico previo, lo que no necesariamente democratiza el acceso a la función pública.
Para la Red de Comunicadoras, la propuesta reproduce además una lógica históricamente cuestionada por los feminismos: asumir que las tareas vinculadas al cuidado, la prevención de las violencias, la producción de conocimiento y la defensa de derechos pueden sostenerse sin reconocimiento económico.
El proyecto había abierto una fuerte polémica en ámbitos vinculados a las políticas de género, los derechos humanos y los organismos de control institucional. En el caso del Observatorio, la modificación alcanzaría a quienes representan al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Senado y a la Cámara de Diputados. Actualmente, el organismo tiene como misión producir información permanente para aportar al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Desde los sectores críticos a la iniciativa se insiste en que el eventual ahorro fiscal sería reducido, debido a que no se trata de una estructura numerosa ni de cargos ubicados entre los salarios más altos de la administración pública. El interrogante central, entonces, no pasa sólo por cuánto dinero podría ahorrar el Estado, sino por cuál sería el costo institucional de quitar remuneración en áreas sensibles vinculadas a derechos humanos, violencia de género y desigualdades.
La Red de Comunicadoras solicitó a las y los legisladores provinciales que revisen la iniciativa y que cualquier modificación normativa vinculada al Observatorio tenga como horizonte su fortalecimiento institucional, no su precarización. “La lucha contra la violencia de género requiere decisión política, presupuesto, información pública de calidad y trabajadoras reconocidas en su rol”, remarcaron. El comunicado cerró con una definición contundente: “Sin recursos, no hay políticas públicas efectivas. Sin reconocimiento del trabajo, no hay institucionalidad posible”. Una frase que resume el fondo del debate: no se trata apenas de una discusión salarial, sino del lugar que el Estado decide darles a las herramientas que él mismo creó para enfrentar una problemática que sigue dejando víctimas, desigualdades y deudas pendientes en Salta.