Milei acelera los retiros voluntarios y prepara nuevos recortes
El Gobierno nacional acelera una nueva etapa del ajuste sobre la estructura estatal, con especial foco en los organismos descentralizados. Bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, la administración de Javier Milei avanza con retiros voluntarios y evalúa extender ese mecanismo también a sectores de la administración central.
La política forma parte del programa de reducción del Estado que el oficialismo viene ejecutando desde el inicio de la gestión. Según trascendió desde Casa Rosada, más de 2.300 trabajadores ya adhirieron a los retiros voluntarios, aunque en el Gobierno anticipan que esa cifra podría crecer en los próximos meses con la apertura de nuevas etapas. Los procesos más relevantes hasta el momento se registraron en la Dirección Nacional de Vialidad, donde estiman que dejaron el organismo cerca de 1.000 empleados, y en ANSES, con alrededor de 1.170 desvinculaciones. En ambos casos, el oficialismo los presenta como los retiros “más exitosos”, ya que implicaron una reducción cercana al 10% de la dotación de cada organismo.
El esquema también fue aplicado en Radio y Televisión Argentina, donde la combinación de acuerdos voluntarios y medidas impulsadas durante la intervención redujo la planta en más de 252 trabajadores. Además, alcanzó a la Administración Nacional de Aviación Civil, Casa de la Moneda y Belgrano Cargas y Logística.
Uno de los próximos organismos bajo la lupa será el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, mientras que también se prevé avanzar con retiros en el PAMI, que cuenta con una planta cercana a los 11.000 empleados. Según fuentes oficiales, hay otros cuatro organismos en análisis, aunque el Gobierno evita precisar cuáles son por considerar que se trata de un proceso “dinámico”.
Desde la administración libertaria defienden el mecanismo bajo el argumento de que se trata de acuerdos de desvinculación mutua, con menor nivel de conflictividad que otros recortes laborales. El esquema contempla el pago de alrededor del 90% del salario bruto por cada año trabajado. Además, quienes adhieren no pueden volver a trabajar en el Estado hasta después de cinco años.
En Casa Rosada sostienen que los retiros permiten generar ahorro fiscal en un plazo relativamente corto y que, en algunos casos, resultan menos costosos que una indemnización. Sin embargo, la profundización del plan vuelve a poner en el centro del debate el impacto del achicamiento estatal sobre áreas sensibles, servicios públicos y organismos con presencia territorial.
Según el último informe del INDEC, correspondiente a marzo de 2026, la administración pública nacional y las empresas estatales sumaban 276.104 empleados, lo que representa una caída interanual del 6,3% frente al mismo mes de 2025. En el Gobierno aseguran que, entre retiros voluntarios y contratos no renovados, desde el inicio de la gestión ya se redujeron más de 65.000 puestos en la estructura estatal.