Alarma por despidos ante el nuevo esquema de concesión de rutas nacionales
Representantes gremiales del sector vial expusieron este jueves ante la Cámara de Senadores de Salta su preocupación por el impacto laboral que podría generar el nuevo esquema de concesión de rutas nacionales impulsado por el Gobierno nacional.
El principal reclamo apunta a que los pliegos licitatorios no contemplan cláusulas obligatorias para garantizar la continuidad de los trabajadores actualmente afectados al sistema de peajes.
La situación afecta directamente a los empleados de la estación de peaje Cabeza de Buey, ubicada en General Güemes, donde actualmente trabajan 50 personas.
Según advirtieron desde el sector sindical, la eventual pérdida de esos puestos representaría un fuerte golpe económico para la región.
La reunión fue promovida por el senador Enrique Cornejo y se desarrolló en el marco de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, proceso mediante el cual el Ministerio de Economía de la Nación busca avanzar con la privatización y concesión de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales bajo administración privada. El esquema ya recibió 20 ofertas de empresas constructoras.
En Salta, el proyecto comprende el denominado Tramo Noroeste de las rutas nacionales 9/34, desde el ingreso por La Candelaria hasta el límite con Jujuy, incluyendo además el acceso a la ciudad de Salta desde la rotonda de Torzalito.
Durante el encuentro, el secretario adjunto de UDI (Unión de Empleados de la Construcción Argentina del Interior), Raúl Daniel Rabozzi, sostuvo que el principal problema es que las empresas adjudicatarias no estarán obligadas a incorporar al personal actual.
“El proceso de privatización no contempla la absorción de los trabajadores”, alertó el dirigente, quien estuvo acompañado por Fernando Gaita, Daniel Quiroga, Enrique Rivero y María Inés Stramare.
Rabozzi remarcó además que el eventual cierre laboral tendría un impacto económico directo superior a los 100 millones de pesos mensuales en General Güemes, afectando no solo a las familias de los trabajadores sino también a actividades vinculadas como transporte, mantenimiento, comercio y servicios.
Frente a ese escenario, el gremio solicitó el acompañamiento político del Senado provincial para avanzar en una mesa de diálogo con la futura empresa adjudicataria, bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo de Salta.
El objetivo sería acordar mecanismos de capacitación y reconversión laboral gradual ante la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente sistemas de telepeaje.
Otro de los puntos planteados por el sector sindical fue el deterioro actual de la infraestructura vial y las condiciones de seguridad en las cabinas de peaje.
Además, Rabozzi advirtió que los nuevos pliegos prevén la instalación de otra estación de peaje entre Rosario de la Frontera y Metán.
Los legisladores provinciales expresaron respaldo a los trabajadores y coincidieron en la necesidad de resguardar las fuentes laborales.
El senador Mashur Lapad aseguró que el cuerpo legislativo defenderá “los intereses de los salteños”, mientras que Manuel Pailler cuestionó el estado de las rutas y defendió la permanencia de cabinas físicas junto al sistema de telepeaje.
También propuso llevar el planteo al Parlamento del Norte Grande.
Por su parte, el senador Manrique Burgos pidió precisiones sobre las gestiones realizadas ante Nación, en tanto que Rabozzi cuestionó la falta de diálogo fluido con las autoridades federales y criticó que los nuevos contratos se limiten a tareas de bacheo y repavimentación, sin obras de infraestructura integral.