Avanzan con los test toxicológicos para la administración pública
La comisión encargada de elaborar los protocolos de aplicación de la Ley Provincial 8.533 inició su trabajo tras una reunión con el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, y el ministro de Salud Pública, Federico Mangione. La norma establece exámenes toxicológicos obligatorios para el ingreso y permanencia en la función pública.
La comisión que tendrá a su cargo la reglamentación de la Ley Provincial 8.533, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para quienes ingresen o permanezcan en la función pública, inició este miércoles su trabajo formal en Salta. El primer encuentro se concretó con la participación del jefe de Gabinete, Sergio Camacho, y el ministro de Salud Pública, Federico Mangione. La normativa tuvo origen en el DNU 32/26, firmado en enero por el gobernador Gustavo Sáenz, y luego avanzó como ley provincial.
Su implementación deberá contemplar protocolos técnicos, legales y de confidencialidad, en torno a una medida que el Ejecutivo presenta como parte de una política orientada a fortalecer la confianza pública en las instituciones.
Durante la reunión, Camacho remarcó que para el gobernador se trata de un tema “trascendental”, al considerar que existe una demanda social vinculada a la idoneidad de quienes ocupan responsabilidades dentro del Estado. “Para el Gobernador este es un tema trascendental porque entiende que la sociedad lo demanda. El trabajo que aceptaron realizar es de vital importancia”, sostuvo el funcionario, al destacar la experiencia de los profesionales convocados para integrar el equipo.
En la fundamentación de la norma, Sáenz había señalado que la confianza de la ciudadanía en sus instituciones también depende de que quienes las integran cuenten con plena aptitud física y psíquica para el ejercicio de sus funciones. Sobre ese punto girará buena parte del debate técnico que deberá ordenar la comisión, especialmente en lo referido a los alcances de los controles, las condiciones de realización de los estudios y el resguardo de la información personal.
Por su parte, Mangione afirmó que Salta es la única provincia que trabaja “con firmeza” en esta materia y planteó ante los profesionales las distintas aristas que deberán ser consideradas durante la reglamentación. En esta primera instancia se mencionaron los protocolos generales que deberían guiar el proceso, aunque se aclaró que la tarea “demandará el tiempo que se necesite” y se desarrollará de acuerdo con el cronograma que definan los propios integrantes de la comisión.
El grupo está conformado por representantes designados por el Poder Ejecutivo provincial, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Además, se incorporarán especialistas que actuarán como consultores externos y se cursará una invitación al Poder Judicial para que también forme parte del proceso.
En representación del Ejecutivo provincial participan el subsecretario de Gestión de Salud del Ministerio de Salud Pública, Luciano Giasso; el coordinador de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales de la misma cartera, Ricardo Carpio; y el gerente del hospital Del Milagro, José Antonio Soto Cruz. Por la Cámara de Diputados fueron designados Patricio Peñalva, Laura Cartuccia y Juan Esteban, mientras que por el Senado integran la comisión Edgardo Guaymás, Alejandra Navarro y Manuel Pailler. Como consultores externos actuarán Gerardo Torletti, subgerente del hospital Del Milagro; Sergio Beretta, presidente del Colegio de Médicos; Sergio Zamar, toxicólogo del Hospital Materno Infantil; y Antonio Salgado. La comisión tendrá ahora la responsabilidad de traducir la ley en criterios concretos de aplicación, en un terreno que combina salud pública, función estatal, garantías legales, confidencialidad y controles institucionales.