Amplían a $ 21.800 millones el embargo por el desmonte ilegal de 11 mil hectáreas
La Justicia amplió a más de 21.800 millones de pesos el embargo preventivo sobre dos catastros ubicados en el departamento San Martín, en el marco de una causa por el desmonte ilegal de más de 11.000 hectáreas de bosque nativo y los reiterados incumplimientos de un plan de restauración ambiental acordado en 2018.
La medida fue dispuesta por el Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal a pedido del procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, y de la fiscal civil, comercial y laboral del Distrito Judicial del Norte-Tartagal, Rosa Vélez Román.
La resolución amplía significativamente el embargo original, que superaba los 171 millones de pesos, sobre los catastros 30.746 y 30.747, ubicados en cercanías de Dragones. El nuevo monto, fijado en 21.805 millones de pesos, busca garantizar recursos suficientes para una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental.
Según informes técnicos y económicos elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la suma actualizada corresponde al costo estimado que demandaría recomponer el daño ambiental ocasionado por el desmonte.
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que, pese al acuerdo de restauración homologado judicialmente en 2018, los responsables no cumplieron con los compromisos asumidos. Los relevamientos realizados entre 2019 y 2026 detectaron diversas irregularidades, entre ellas actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, falta de avances en la reforestación y ausencia de acciones concretas para recuperar el bosque nativo afectado.
Los informes también advirtieron que continúan desarrollándose actividades productivas dentro de los terrenos alcanzados por las restricciones judiciales, sin evidencia de restauración activa desde la firma del acuerdo.
Al fundamentar la medida, el tribunal consideró acreditados tanto la verosimilitud del derecho como el peligro en la demora, al entender que el paso del tiempo y la continuidad de actividades incompatibles con el plan ambiental profundizan los daños y dificultan la recuperación del ecosistema.
En consecuencia, se ordenó la inscripción de la ampliación del embargo sobre los inmuebles involucrados y la notificación a la Dirección General de Inmuebles para su correspondiente registración.
Desde la Procuración, con asistencia de la Relatoría Ambiental encabezada por Juan Sebastián Lloret, se sostuvo además que los demandados habrían recurrido a distintas estrategias judiciales dilatorias que retrasaron el avance de la causa y la ejecución efectiva de la sentencia ambiental.
El conflicto se remonta a septiembre de 2017, cuando los propietarios asumieron voluntariamente el compromiso de implementar un plan de recomposición ambiental con una duración de 30 años, que contemplaba la participación de puesteros y comunidades de la zona.
Sin embargo, ante la falta de cumplimiento, la Justicia ya había impuesto multas coercitivas por incumplimiento procesal, decisión que fue confirmada tanto en primera como en segunda instancia tras el rechazo de los planteos presentados por los demandados.
Con esta nueva resolución, la Justicia busca asegurar los recursos necesarios para garantizar la restauración del bosque nativo en caso de que los responsables continúen incumpliendo las obligaciones asumidas.