En Cafayate avanza la regularización para ordenanzas escolares
El Gobierno provincial puso en marcha un esquema de regularización para el personal de servicios que presta tareas en establecimientos educativos mediante convenios con los municipios. La cobertura de cargos se realizará de manera gradual y priorizando las instituciones con mayores necesidades.
En el marco del proceso de reorganización del personal auxiliar de las escuelas, la Provincia avanza con un plan de regularización destinado a los trabajadores de servicios que cumplen funciones a través de convenios entre el Gobierno provincial y los municipios.
La iniciativa se desarrolla en un contexto de restricciones presupuestarias y contempla un criterio de prioridades para la cobertura de cargos, con el objetivo de atender primero las necesidades más urgentes del sistema educativo.
Según se informó, tendrán prioridad los establecimientos con mayor matrícula, extensión horaria, servicio de comedor escolar o albergue estudiantil, factores que demandan una mayor presencia de personal de apoyo.
Asimismo, se estableció que serán considerados en primer término los trabajadores que ya venían desempeñando estas tareas en años anteriores, incluso desde la etapa de la pandemia, siempre que cuenten con un buen desempeño y un convenio vigente que respalde su labor.
Normativa provincial
Desde la Provincia también se recordó que la normativa vigente fija una relación de un ordenanza cada cien alumnos, parámetro que se utiliza para evaluar las necesidades de cada establecimiento.
En ese sentido, se aclaró que aquellas personas que hayan prestado servicios sin un convenio formal o sin continuidad administrativa documentada no podrán acceder al proceso de regularización previsto en esta etapa.
Como parte del relevamiento, este lunes se realizó una reunión con directivos y supervisores de las instituciones educativas de Cafayate para determinar las necesidades concretas de cada escuela y elaborar un diagnóstico de la situación.
Por el Ministerio de Educación intervino la funcionaria Susana Pontussi.
El objetivo es cubrir los casos más urgentes en una primera instancia y continuar analizando el resto de las demandas durante el próximo año, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y las prioridades establecidas por el sistema educativo.