Diputados recibieron a autoridades de los colegios profesionales de Trabajo Social y Nutrición y a sectores autoconvocados, con el objetivo de evaluar el impacto financiero y los aportes obligatorios de la normativa vigente.
Durante la reunión se expuso la necesidad de articular consensos, revisar los esquemas de deudas y coordinar acciones para garantizar el bien común de los matriculados sin afectar la sustentabilidad previsional.
En la cita, encabezada por la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Laura Cartuccia, los referentes del Colegio de Graduados en Nutrición de Salta, del Colegio de Profesionales de Servicio Social y Trabajo Social, junto a profesionales autoconvocados de ambos sectores, expresaron su rechazo al esquema de aportes obligatorios que fija la Ley Nº 8.444 y exigieron una flexibilización urgente del régimen. En este sentido, alertaron que la inestabilidad de sus ingresos, sumada a la crisis socioeconómica actual, les impide afrontar las altas cuotas mensuales que impone la entidad previsional.
Los pedidos
Entre los puntos principales a modificar, los colegiados solicitaron la transformación del esquema actual en un sistema de adhesión voluntaria y libre afiliación, fundamentando que la previsión social debe ser una elección y no una imposición ligada a la matrícula.
Asimismo, requirieron la condonación de las deudas acumuladas, la readecuación de los rangos etarios que determinan los montos de las cuotas y el establecimiento de aportes variables vinculados directamente con los ingresos reales percibidos, en lugar de importes fijos predeterminados.
Los legisladores se comprometieron a analizar el impacto de la Ley Nº 8.444/24 y a coordinar una revisión integral, aclarando que la derogación total no es viable debido al efecto dominó que podría desestabilizar a otras cajas previsionales de la provincia. Por ello, el cuerpo legislativo buscará un equilibrio que proteja previsionalmente a los trabajadores y evite medidas extremas como los embargos por morosidad, incluyendo en el debate técnico alternativas como la condonación de las deudas acumuladas y el establecimiento de rangos etarios más acordes con la realidad laboral de los profesionales.