Nulidad y Juri por Las Pailas escala en el plano judicial, político y comunitario
El desalojo de familias de la comunidad Diaguita Calchaquí de Las Pailas, en Cachi, sigue escalando en el plano judicial, político y comunitario.
La Red contra la Violencia Institucional de Salta denunció públicamente a la jueza María Fernanda Diez Barrantes, titular del Juzgado Civil y Comercial N°5, por el operativo realizado el pasado 10 de junio, al considerar que la medida habría vulnerado derechos constitucionales de comunidades originarias y afectado a familias que no formaban parte de la causa judicial.
La abogada de las familias damnificadas, Verónica Huber, fue tajante al describir lo ocurrido: sostuvo que la sentencia que se debía ejecutar alcanzaba a una fracción de aproximadamente cuatro hectáreas de potrero, sin viviendas, pero que el operativo terminó afectando a un territorio mucho mayor y derivó en el desalojo de 17 familias. “Acá la sentencia era por un potrero de cuatro hectáreas. A lo sumo, tenían que sacar vacas del lugar. No las personas, no las cosas, no los niños, no los ancianos, no los discapacitados”, afirmó Huber durante una entrevista en Café Tribunales, convocada por la Red contra la Violencia Institucional de Salta.
Desalojaron a gente que no era parte del juicio
Según explicó la abogada, el procedimiento se habría originado en un mandamiento judicial mal confeccionado y firmado por la jueza. Huber sostuvo que en los juicios civiles los abogados elaboran oficios y mandamientos, que luego deben ser revisados por el juzgado antes de su firma. En ese punto, cuestionó con dureza el accionar judicial. Señaló que en otros expedientes los juzgados suelen corregir detalles mínimos, incluso comas, mayúsculas o acentos, pero que en este caso se habría firmado una orden que permitió interpretar que debía desalojarse todo un catastro y no únicamente el sector alcanzado por la sentencia. “Es la misma situación que si a vos te hacen un juicio de desalojo y cuando van a desalojar, desalojan a todos los vecinos de la manzana. Gente que no es ni arte ni parte en ese juicio, gente que no fue nunca notificada, respecto de la cual no se dictó sentencia”, comparó Huber. La abogada aseguró que el operativo afectó a familias que no estaban comprendidas en el expediente y que fueron retiradas de sus viviendas en condiciones de extrema vulnerabilidad. También señaló que algunas pertenencias quedaron dentro de las casas y otras fueron abandonadas al costado de un camino vecinal.
Pedido de nulidad, jury y reparación económica
Huber adelantó que impulsarán una serie de acciones judiciales por lo ocurrido. En primer lugar, pedirán la nulidad del desalojo, al considerar que no existe una sentencia que avale la forma en que se ejecutó el procedimiento. Además, anticipó que solicitarán un jury contra la jueza María Fernanda Diez Barrantes por la gravedad institucional del caso. También prevén avanzar con una acción de reparación económica contra la magistrada, contra el abogado Hipólito Irigoyen y contra María Florencia Wayar, a quienes señalan como responsables por los daños ocasionados a las familias desalojadas. “Son 17 familias que fueron ilegalmente sacadas de su domicilio con la firma de una jueza”, sostuvo Huber, quien remarcó que la situación no solo involucra derechos indígenas, sino también garantías básicas del debido proceso. Para la defensa, la gravedad del caso radica en que personas que no fueron notificadas, no fueron parte del juicio y no tenían sentencia en contra terminaron igualmente afectadas por el operativo. Aunque Huber remarcó que el error judicial es “insoslayable”, también ubicó el conflicto dentro de una disputa más profunda por territorios ancestrales reclamados por comunidades originarias.
La abogada explicó que, a partir de la sanción de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, muchos conflictos por tierras comenzaron a tensionarse con mayor fuerza. Según sostuvo, en distintos casos se habrían promovido contratos de arrendamiento o pastaje con personas de las comunidades para luego iniciar juicios de desalojo. Desde la Red remarcaron que el caso vuelve a poner en debate el rol del Estado y de la Justicia frente a los derechos de los pueblos originarios, especialmente cuando se cruzan reclamos de propiedad privada, posesión ancestral y situaciones de vulnerabilidad social.