Con fuerte respaldo legislativo, el Senado aprobó el Super RIGI y el pago a fondos buitres
La Cámara de Diputados le dio este miércoles un fuerte respaldo legislativo al Gobierno nacional, en una sesión especial marcada por dos temas centrales de la agenda económica: la aprobación del pago a fondos buitre por USD 171 millones y la media sanción del denominado Súper RIGI, el régimen con el que la Casa Rosada asegura atraerá grandes inversiones al país.
La jornada permitió al oficialismo recuperar iniciativa parlamentaria, luego de varias semanas atravesadas por tensiones políticas, negociaciones con aliados y debates internos. En ese marco, La Libertad Avanza logró ordenar una mayoría junto al PRO, la UCR, y distintos bloques provinciales.
El pago a los holdouts
El primer proyecto aprobado fue la autorización para ejecutar el acuerdo de conciliación con dos grupos de holdouts que mantenían reclamos activos por títulos de la deuda defaulteada en 2001. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, fue avalada por 139 votos positivos y 97 negativos, dentro del plazo límite fijado para el entendimiento, que vencía el 30 de junio. Según lo aprobado, el Estado argentino deberá desembolsar USD 67 millones a la firma Bainbridge Ltd. y USD 104 millones al grupo acreedor encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Desde el oficialismo destacaron que el acuerdo incluye una quita cercana al 30%, evita el pago de honorarios legales y permite dejar sin efecto medidas de embargo sobre activos soberanos argentinos en la Justicia de Estados Unidos.
Cruces por el costo fiscal y la deuda
Durante el debate, el diputado libertario Bertie Benegas Lynch defendió la iniciativa al señalar que el país tenía la posibilidad de “cerrar esta herida de deshonra internacional después de 25 años”. En la misma línea, Silvana Giudici sostuvo que el acuerdo permitirá destrabar conflictos vinculados a activos como acciones de YPF.
Desde la oposición, Miguel Ángel Pichetto cuestionó la falta de asignación presupuestaria específica y comparó el tratamiento con el criterio utilizado por el Ejecutivo para vetar otras leyes con impacto fiscal.
Media sanción para el Súper RIGI
Avanzada la noche, el oficialismo consiguió finalmente la aprobación del Súper RIGI, con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones en general. Se trata de una herramienta diseñada para proyectos de nuevas actividades económicas con inversiones mínimas de USD 1.000 millones. La propuesta establece beneficios impositivos, estabilidad por 30 años, libre disponibilidad de divisas y la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales ante litigios. Entre los puntos centrales del régimen figuran una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, exenciones sobre derechos de importación y exportación para bienes vinculados al plan de inversión, contribuciones patronales reducidas al 10%, quebranto sin límite temporal y la prohibición a las provincias adheridas de crear gravámenes locales sobre esos proyectos.
Cambios para sumar aliados
En la negociación previa, el oficialismo incorporó modificaciones para conseguir respaldos. Entre ellas, un compromiso de inversión en proveedores locales de al menos el 20% del total del proyecto, un incentivo al financiamiento de investigación y desarrollo, la creación de un registro público de proyectos y un proceso de evaluación antes de ejecutar eventuales prórrogas. Las concesiones fueron clave para acercar posiciones con sectores aliados, aunque también dejaron expuestas las diferencias sobre el nivel de beneficios que el Estado debe otorgar para atraer capitales.
La Argentina, siempre tan sutil, volvió a discutir desarrollo, soberanía y dólares en el mismo paquete.
La Libertad Avanza defendió el régimen como una señal de seguridad jurídica para atraer inversiones de gran escala. Benegas Lynch afirmó que nadie debería oponerse a “un incentivo a grandes inversiones de nuevas industrias” y sostuvo que “el capital va a donde hay negocios y hay seguridad institucional”.
En tanto, el principal argumento opositor fue que el régimen coloca en desventaja a empresas que ya producen, invierten y generan empleo en la Argentina, pero que no accederán a las mismas condiciones fiscales, laborales y cambiarias previstas para los nuevos grandes proyectos.
La votación confirmó el esquema de mayorías que el oficialismo viene construyendo en Diputados para sostener parte de su agenda económica, aunque con negociaciones caso por caso y sin margen para descuidos.