La Justicia ratificó el fallo que obliga a Nación a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar parcialmente la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso e insistida luego del veto presidencial.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso presentado por el Ejecutivo por considerar que no existía sentencia definitiva. Con esta decisión, el máximo tribunal mantiene vigente el fallo de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, que había ordenado al Gobierno cumplir de manera inmediata con los artículos de la norma referidos a la actualización salarial del personal docente y no docente de las universidades públicas, así como a la recomposición de programas destinados a estudiantes. Aunque el fallo llega después del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Capital Humano, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios universitarios, la resolución tiene un fuerte peso institucional: ratifica la validez de la intervención judicial frente al incumplimiento de una ley sancionada por el Congreso y representa un respaldo al Parlamento en medio de la disputa por el financiamiento educativo.
Una disputa que llegó a la Corte
El conflicto judicial se originó a partir de una acción de amparo colectivo impulsada por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales, en el marco de los reclamos por la falta de actualización presupuestaria, salarial y de programas vinculados al funcionamiento del sistema universitario. La medida cautelar que ahora quedó firme había ordenado aplicar los artículos 5 y 6 de la ley. Esos puntos establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de la recomposición de los programas estudiantiles. El Gobierno había vetado la Ley de Financiamiento Universitario, pero el Congreso insistió en su aprobación. Luego de su promulgación, el Ejecutivo condicionó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento, lo que derivó en nuevas presentaciones judiciales y profundizó el conflicto con el sistema universitario.
Un aval institucional al reclamo universitario
La decisión del máximo tribunal cierra, al menos en esta instancia, uno de los capítulos judiciales más relevantes del conflicto universitario. Al rechazar el planteo del Estado nacional, la Corte permitió que continúe vigente la cautelar que exige aplicar los puntos centrales de la norma mientras se discute el fondo de la cuestión. El pronunciamiento también llega en un contexto de fuerte sensibilidad pública alrededor del financiamiento de la educación superior, luego de dos años de reclamos sostenidos por parte de universidades, docentes, no docentes y estudiantes. Así, la Corte dejó firme una medida que no sólo impacta sobre la discusión presupuestaria, sino también sobre el vínculo entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y el sistema universitario público. En un conflicto que combinó ajuste, movilización social, veto presidencial y litigio judicial, el máximo tribunal terminó respaldando la vigencia de la ley sancionada por el Parlamento.