Ordenaron la restitución de las tierras a la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas
La abogada de la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas, Verónica Huber, confirmó que la Justicia ordenó la restitución de las viviendas a las familias desalojadas en el paraje San Gabriel, Cachi, luego de dos semanas de reclamos por lo que calificaron como un procedimiento irregular.
Según explicó la letrada a Hora de Voces (por FM Ya 91.3), el desalojo se concretó el 12 de junio y afectó a 60 personas, entre ellas 18 menores de edad, cuatro adultos mayores de 70 años, una persona con discapacidad y otra que se encontraba bajo tratamiento médico crónico.
Huber sostuvo que la medida judicial fue ejecutada sobre la base de una orden que, según su interpretación, no autorizaba el desalojo de las familias.
“Había una sentencia que ordenaba el desalojo de un potrero de cuatro hectáreas donde había vacas y una hectárea estaba sembrada, y la jueza firmó una orden por la que se concretó el desalojo de sesenta personas”, afirmó.
La abogada señaló que durante las últimas dos semanas la comunidad reclamó la restitución de las familias a sus hogares y denunció que, además de la pérdida de sus viviendas, varias personas quedaron sin acceso a cultivos, animales y al sistema de provisión de agua construido por la propia comunidad.
“Cortaron la circulación de agua por el sistema de asistencia que la comunidad armó y los animales estaban corriendo riesgo porque no estaba llegando el agua para otros espacios donde podían beber y alimentarse”, explicó.
Orden de restitución y regreso de las familias de Las Pailas
Huber relató que el cambio de situación se conoció durante la tarde del miércoles, luego de reuniones mantenidas con senadores y tras una movilización en la Legislatura salteña. Posteriormente, al revisar el expediente digital, constató que la jueza había ordenado la restitución.
“Nos enteramos de que la policía había recibido órdenes de restituir las viviendas a las familias desalojadas. Entré a verificar en el expediente digital y efectivamente en horas de la tarde la jueza había ordenado la restitución”, indicó.
La abogada aclaró que todavía debía confirmarse la concreción efectiva del regreso, ya que la orden establecía la intervención del juez de paz de Seclantás y del juez de paz de Cachi.
Para Huber, la restitución representa una noticia positiva porque las familias atravesaron días en condiciones extremas. “Ayer había habido nueve grados bajo cero en la zona. Estábamos hablando de 60 personas acomodadas de cualquier manera en lugares que no eran sus domicilios, sin sus cosas y a la intemperie”, señaló.
Además, advirtió que durante ese período se produjeron daños materiales y afectaciones personales que serán evaluadas para iniciar reclamos correspondientes.
Entre hoy y el lunes, presentarán el Jury contra la jueza
La representante legal de la comunidad anticipó que continuará el análisis de las responsabilidades por el procedimiento realizado y confirmó que evalúan presentar un pedido de jury contra la magistrada.
“El pedido de jury ya estaba redactado, estábamos realizando las últimas correcciones. Tenemos que revisar lo que pasó en estas últimas horas para ver si se incorpora algo más y se va a presentar”, afirmó.
También indicó que se analizarán acciones por daños y perjuicios debido a las consecuencias del desalojo. “Hay daños que se ocasionaron y que ya no tienen vuelta atrás, que se van a reclamar”, sostuvo.
Huber explicó que la comunidad continuará con el reclamo por el reconocimiento definitivo de sus derechos territoriales, una lucha que lleva décadas.
“Seguimos con la lucha que viene hace por lo menos 20 años para que el Gobierno cumpla con lo que dice la Constitución, que se les entreguen los títulos de la tierra que ancestralmente poseen ellos, sus padres, sus abuelos y las generaciones anteriores”, expresó.
La disputa por las tierras
Sobre la situación con la familia que se presenta como propietaria del territorio, la abogada explicó que la comunidad sostiene derechos derivados de la posesión ancestral de las tierras.
“Para ser dueño de un inmueble no alcanza solamente con una escritura, también hay que tener la posesión. Las comunidades son poseedoras y viven ahí hace generaciones”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que, además del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, existe un principio general del derecho relacionado con la posesión prolongada de un territorio.
“Poseen hace más de 20 años, poseen hace 60, 100, 200 años, antes de que exista el Estado argentino. Entonces el derecho que tienen sobre la tierra es innegable”, señaló.
Finalmente, Huber sostuvo que la restitución de las viviendas es solo un paso dentro del proceso y que la comunidad continuará con las acciones legales hasta lograr el reconocimiento de sus derechos territoriales.