Rechazan incorporar a psicólogos sociales en equipos escolares
El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Salta manifestó su “más enérgica preocupación institucional” y su rechazo al proyecto de declaración que obtuvo media sanción este martes en la Cámara de Diputados provincial, mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo incorporar “psicólogos sociales” a los equipos técnicos de las unidades educativas.
La iniciativa, impulsada por el bloque Todos por Salta y promovida por el diputado Gustavo Orozco, fue aprobada por unanimidad y plantea que el Ministerio de Educación y Cultura arbitre los medios necesarios para sumar estos perfiles en las escuelas, con el objetivo de abordar problemáticas como bullying, ciberbullying, grooming, convivencia escolar y manejo de emociones. Sin embargo, desde el Colegio advirtieron que el proyecto presenta “numerosas falencias” y cuestionaron que no se haya consultado previamente a la institución encargada de regular la matrícula profesional en la provincia.
“La salud mental es un asunto serio”
La presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Salta, Gisela Pedersen, expresó su preocupación por el avance de la propuesta y remarcó que las intervenciones vinculadas a la salud mental de niñas, niños y adolescentes deben estar a cargo de profesionales con formación universitaria, incumbencias específicas y matrícula habilitante. En el pronunciamiento difundido por la Comisión Ejecutiva del CPPS, la entidad sostuvo que la protección integral de los derechos de las infancias y adolescencias debe ser “el eje central de toda política pública” y que las manifestaciones complejas que comprometen la salud mental requieren intervenciones de profesionales idóneos y legalmente habilitados.
En ese sentido, el Colegio advirtió que asignar funciones vinculadas al abordaje de problemáticas emocionales y subjetivas sin considerar las incumbencias profesionales “resulta alarmante” y podría poner en riesgo el derecho de la comunidad a recibir prestaciones seguras.
Críticas al uso del término “psicólogo”
Uno de los puntos centrales del rechazo apunta al uso de la denominación “psicólogos sociales”. Desde la institución aclararon que la psicología social es una vertiente teórica dentro de la psicología, pero no una habilitación profesional autónoma para ejercer la clínica, coordinar grupos terapéuticos o realizar intervenciones que requieran formación universitaria de grado. “El uso del término ‘psicólogo’ por parte de personas con formaciones técnicas o terciarias confunde deliberadamente a la comunidad, roza la ilegalidad y constituye un claro caso de intrusismo y usurpación de incumbencias”, señalaron desde el Colegio.
Además, remarcaron que la evaluación, orientación, diagnóstico, pronóstico y tratamiento del sufrimiento psíquico constituyen competencias exclusivas de profesionales de la Psicología con título universitario de grado y matrícula habilitante.
Pedido al Senado y reclamo por cargos vacantes
Tras la media sanción en Diputados, el Colegio solicitó una reunión urgente con el Senado provincial para plantear su posición y evitar que la iniciativa avance en los mismos términos.
Pedersen sostuvo que, lejos de incorporar figuras sin incumbencias claras, el Estado debe fortalecer los equipos de orientación escolar con profesionales debidamente formados, entre ellos psicólogos educacionales, psicopedagogos, trabajadores sociales y fonoaudiólogos. También remarcó la necesidad de cubrir los cargos vacantes existentes en el sistema educativo y fortalecer las políticas públicas de acompañamiento a las escuelas, especialmente en un contexto en el que los problemas de convivencia, violencia digital y sufrimiento subjetivo requieren respuestas interdisciplinarias, pero también técnicamente responsables.
Advertencia institucional
Desde el CPPS anticiparon que actuarán “con la mayor firmeza institucional” frente a lo que consideran un atropello que vulnera los derechos de sus matriculados y pone en riesgo la salud mental de la población.
Asimismo, intimaron a instituciones públicas y privadas a revisar sus perfiles de contratación para no ser “cómplices” de situaciones de ejercicio ilegal, y pidieron a sus colegas mantenerse alertas y denunciar irregularidades.
“A la sociedad salteña le recordamos que la salud mental es un asunto serio: exija siempre el número de matrícula profesional de su terapeuta”, concluyó el pronunciamiento.