La Merced: El Concejo Deliberante inició el juicio político contra el intendente Javier Wayar
El Concejo Deliberante de La Merced dio el primer paso formal para el juicio político contra el intendente Javier Wayar. El cuerpo aprobó la admisibilidad de los expedientes presentados contra el jefe comunal, con cinco votos a favor y dos abstenciones.
La medida se adoptó en el marco de la Ordenanza de Reglamentación N.º 11/2026, que comenzó a regir recientemente tras su publicación. La normativa establece el procedimiento que debe seguir el Concejo para tramitar un juicio político por presunto mal desempeño de un funcionario municipal.
La presidenta del Concejo Deliberante, Mónica Berruezo, explicó que se trata de la primera aplicación de esta reglamentación.
“El día de hoy se ha hecho la primera aplicación del juicio político de acuerdo a la reglamentación, que es la ordenanza 11-2026“, señaló.
Expedientes presentados por vecinos y un concejal
Berruezo indicó que el procedimiento se inició a partir de distintos expedientes presentados por vecinos y por un concejal, quienes solicitaron la aplicación del juicio político contemplado en la Carta Orgánica Municipal.
La titular del cuerpo explicó que el Concejo aguardó la entrada en vigencia de la reglamentación para evitar posibles cuestionamientos durante el proceso.
Según detalló, antes de someter los expedientes a votación se verificó que cumplieran con los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 de la ordenanza, entre ellos la identificación de los denunciantes y el ofrecimiento de pruebas.
“Los vecinos no solamente han ofrecido fotografías, sino que expresamente han presentado su voluntad de ser llamados como testigos ante cualquier situación“, afirmó.
Tras constatar esos requisitos, el cuerpo legislativo declaró admisibles las presentaciones y dispuso su pase a la Comisión de Legislación.
Se conformará una comisión investigadora
El próximo paso será la conformación de una comisión investigadora, tal como establece el artículo 8 de la reglamentación.
Berruezo explicó que ese órgano estará integrado por dos concejales de distintos espacios políticos para garantizar la imparcialidad del proceso.
La comisión tendrá la responsabilidad de analizar la documentación, producir pruebas y elaborar un dictamen que posteriormente será sometido a consideración del Concejo Deliberante.
La presidenta aclaró que el juicio político constituye un procedimiento institucional y no reemplaza la investigación judicial que también involucra al intendente.
“Esto es un instrumento institucional, no judicial. La causa judicial que tiene el Ejecutivo continúa también su curso por aparte, pero a su vez esa causa judicial es tenida en cuenta en estos expedientes“, sostuvo.
El proceso deberá concluir en un plazo de cuatro meses
De acuerdo con la Carta Orgánica Municipal, el procedimiento de juicio político no podrá extenderse por más de cuatro meses.
Durante ese período deberán desarrollarse todas las etapas previstas por la normativa hasta la eventual votación final, que podría derivar en la destitución del jefe comunal si se reúnen las mayorías requeridas.
Berruezo destacó el trabajo realizado por el Concejo para poner en funcionamiento este mecanismo institucional, luego de que la reglamentación fuera vetada en reiteradas oportunidades por el Ejecutivo municipal.
La concejal recordó que, tras insistir con la ordenanza, el propio Concejo debió gestionar su publicación en el Boletín Oficial para que pudiera entrar en vigencia.
“Es lo que hemos podido ofrecer a mitad de año”
La presidenta del cuerpo reconoció que los tiempos institucionales y judiciales no siempre responden a las expectativas de la comunidad, aunque aseguró que el Concejo avanzó con todas las herramientas disponibles.
“Sabemos que no cumplimos con la expectativa de la gente. Si tuviéramos que cumplir con las expectativas, entendemos que ya tendríamos que haber logrado entregarle al pueblo un municipio con otro manejo, pero es lo que ha estado en nuestras manos”, expresó.
Finalmente, sostuvo que el inicio del juicio político representa la activación de un mecanismo previsto por la Carta Orgánica para controlar el desempeño de los funcionarios públicos.
“Es bueno que la gente sepa que cuando no se cumple con la ley existen instrumentos en la Justicia y también existen instrumentos en las instituciones. El juicio político se ha iniciado oficialmente“, concluyó.