Después de medio año, siguen denunciando los efectos ambientales en Lomas de Olmedo
A más de medio año de que la provincia de Salta recuperara formalmente el control del pozo petrolero abandonado en Pozo Guardián en Lomas de Olmedo, departamento Pichanal, vecinos de la zona y organizaciones ambientales advierten que el daño ambiental continúa sin respuestas concretas.
Greenpeace volvió a denunciar la gravedad de la situación y calificó al caso como el “Chernobyl salteño”, al señalar que persisten la contaminación del suelo y del agua, la presencia de gases peligrosos, la muerte de animales y el desplazamiento de familias que debieron abandonar sus hogares por el impacto del desastre. Según recordó la organización ambientalista, en diciembre pasado la provincia recuperó la concesión del pozo abandonado y traspasó las competencias sobre su manejo a Recursos Energéticos y Mineros de Salta S.A. (REMSa), una empresa de energía local con participación estatal, mientras se avanza en una nueva licitación. Sin embargo, Greenpeace advirtió que, hasta el momento, no se puso a disposición de la ciudadanía información pública sobre los estudios realizados en el lugar ni se anunció un plan integral de remediación.
La organización sostuvo que la crisis ambiental convirtió a pobladores de comunidades locales en “refugiados ambientales”, obligados a dejar sus viviendas por una situación que atribuyen a la desidia corporativa y estatal. El caso, aseguran, sigue avanzando sin que existan medidas suficientes para frenar el deterioro del ecosistema ni garantizar condiciones seguras para quienes viven en la zona.
Durante una inspección realizada meses atrás, equipos de Greenpeace documentaron un escenario crítico: un bosque severamente dañado, más de 20 hectáreas de suelo y agua contaminadas, mortandad de fauna local y propagación de sustancias peligrosas tanto líquidas como gaseosas. También alertaron por el riesgo inminente de explosiones e incendios en el área, debido a la presencia de gases inflamables.
“El bosque característico de la región se convirtió en un campo de muerte donde respirar se vuelve imposible, la biodiversidad local desaparece o muere. Sin embargo, lo más peligroso es el manto de olvido que cubre este desastre. Las empresas se retiraron dejando contaminación y las autoridades que recuperaron la concesión aún no han dado respuestas mientras el desastre avanza día a día”, señaló Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace. La referente ambiental agregó: “No podemos permitir que este ecocidio quede impune”.
Ante la falta de respuestas efectivas, Greenpeace convocó a la ciudadanía a visibilizar masivamente la situación y exigir acciones urgentes para la recomposición del ambiente. La organización pidió que se difundan las pruebas del daño ambiental y que se reclame a las autoridades provinciales un plan concreto de remediación, con información pública y medidas de protección para las comunidades afectadas.