Jubilados salteños perdieron más de $185 mil millones por el congelamiento del bono
Un informe del Centro de Economía Política Argentina advirtió que más de 83 mil jubilados de Salta que perciben la mínima con bono o menos, acumularon una fuerte pérdida de ingresos desde abril de 2024.
El estudio también señala una caída del poder adquisitivo, la eliminación del reintegro del IVA y el impacto directo sobre el consumo básico.
El ajuste previsional aplicado desde diciembre de 2023 tuvo un fuerte impacto sobre los adultos mayores de Salta.
Según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la provincia cuenta con más de 163 mil jubilados, de los cuales más de 114 mil son beneficiarios del PAMI, lo que dimensiona la importancia del sistema previsional y sanitario en uno de los sectores más vulnerables de la población.
El trabajo analiza tres medidas centrales: el congelamiento del bono previsional, la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y la eliminación del reintegro del IVA para jubilados y pensionados.
De acuerdo con el informe, estas decisiones configuraron un cuadro de deterioro sostenido de los ingresos, con consecuencias no solo sobre la calidad de vida de los adultos mayores, sino también sobre la dinámica económica provincial.
Uno de los datos más significativos del relevamiento es el impacto del congelamiento del bono extraordinario previsional, que permanece en $70.000 desde marzo de 2024.
Según CEPA, si ese refuerzo se hubiese actualizado con la misma fórmula que el haber jubilatorio, en junio de 2026 debería haber alcanzado los $209.991.
La diferencia acumulada implicó una pérdida de $2.225.714 por cada jubilado entre abril de 2024 y junio de 2026.
En Salta, el informe estima que alrededor de 83.463 jubilados perciben una jubilación mínima con bono o menos.
A partir de ese universo, la pérdida agregada por el congelamiento del bono asciende a $185.763.996.580 en el período analizado. Es decir, son más de $185 mil millones que dejaron de percibir los jubilados salteños de menores ingresos.
La magnitud del recorte cobra mayor relevancia si se considera el destino de esos recursos. El informe advierte que los jubilados que cobran la mínima no tienen capacidad de ahorro y destinan prácticamente la totalidad de sus ingresos al consumo básico: alimentos, medicamentos, servicios y gastos cotidianos.
Por ese motivo, la pérdida previsional también se traduce en menor circulación de dinero en comercios de cercanía, farmacias, supermercados y otros sectores de la economía local.
El documento también analiza la evolución real de las jubilaciones. Considerando una inflación estimada del 2% para junio, CEPA sostiene que las jubilaciones mínimas con bono se ubicaron, en el trimestre abril-junio de 2026, un 19,3% por debajo del último trimestre del gobierno anterior.
En el caso de las jubilaciones sin bono, la caída fue del 2,5% en la misma comparación.
El informe remarca que la comparación trimestral resulta metodológicamente adecuada por la dinámica de actualización que tenía la fórmula anterior.
En ese marco, los datos incluidos en el estudio muestran que la jubilación mínima con bono se ubicó en un promedio real de 80,7 puntos para abril, mayo y junio de 2026, tomando como base 100 el promedio de septiembre a noviembre de 2023.
En tanto, la jubilación sin bono alcanzó un promedio de 97,5 puntos.
Otro de los puntos señalados por CEPA es la eliminación del régimen de reintegro del IVA para jubilados y pensionados. Ese beneficio alcanzaba a quienes percibían hasta tres haberes mínimos y permitía la devolución automática del 21% de las compras realizadas con tarjeta de débito en productos de la canasta básica, con un tope mensual equivalente al 21% del haber mínimo.
Según el informe, a marzo de 2026 ese umbral representaba ingresos de hasta $1.108.803 y alcanzaba a unos 5,1 millones de jubilados y pensionados en todo el país, equivalentes al 84% del total.
La eliminación de ese esquema significó una reducción adicional del ingreso disponible para millones de adultos mayores, en un contexto de caída del poder adquisitivo.
En el caso de Salta, el impacto previsional se potencia por la cantidad de beneficiarios del sistema.
La provincia registra 163.332 jubilados y 114.467 afiliados al PAMI, lo que refleja el peso de este universo poblacional tanto en términos sociales como económicos.
Para CEPA, la centralidad del PAMI como prestador de salud también expone la sensibilidad del sector frente a cualquier deterioro de ingresos.
El estudio concluye que las jubilaciones volvieron a funcionar como una variable de ajuste. La combinación de bono congelado, haberes deteriorados y eliminación de beneficios fiscales redujo de manera directa el poder de compra de los adultos mayores.
En Salta, esa pérdida no solo se expresa en los bolsillos de los jubilados, sino también en la actividad económica de la provincia, especialmente en los rubros vinculados al consumo esencial.
El impacto en el consumo local
El recorte sobre los ingresos previsionales tiene un efecto inmediato en la economía cotidiana.
A diferencia de otros sectores, los jubilados de menores ingresos destinan casi todo lo que cobran a gastos básicos.
Por eso, cada peso que pierden deja de circular en almacenes, farmacias, ferias, supermercados, transporte y pago de servicios.
En una provincia con más de 163 mil jubilados, la contracción del ingreso previsional se convierte también en un problema para la actividad comercial.