La UNSa reafirmó el derecho a la educación superior de personas privadas de la libertad
La Universidad Nacional de Salta (UNSa) participó en la homologación de un acuerdo judicial que busca garantizar el acceso a la educación superior de las personas privadas de la libertad en la provincia.
La resolución incorpora un Protocolo para la Educación Superior de las Personas Privadas de Libertad. El mismo establece pautas para la organización y el funcionamiento de las actividades universitarias dentro de las unidades penitenciarias provinciales.
La medida se concretó en el marco de un habeas corpus colectivo y correctivo tramitado ante el Juzgado de Minas de Salta. El proceso judicial, denominado “Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina y otros vs. Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta” (Expte. Nº MIN-946843/25), estuvo a cargo de la jueza María Victoria Mosmann.
La Asociación Gremial impulsó la acción en representación de personas privadas de la libertad que cursan estudios universitarios. El objetivo fue poner fin a distintas situaciones que dificultaban el ejercicio efectivo del derecho a la educación dentro de los establecimientos penitenciarios.
Tras una serie de audiencias e inspecciones en las unidades carcelarias, las partes alcanzaron un acuerdo que finalmente fue homologado por la Justicia.
El compromiso de la Universidad Nacional de Salta
Desde la Universidad Nacional de Salta destacaron que su participación responde a una política institucional orientada a garantizar el acceso a la educación superior como un derecho humano fundamental.
En ese sentido, la casa de estudios reafirmó su compromiso para que todas las personas, incluidas aquellas que se encuentran en contextos de encierro, puedan ingresar, permanecer y avanzar en sus carreras universitarias.
El acuerdo homologado incorpora el Protocolo para la Educación Superior de las Personas Privadas de Libertad. El instrumento que regulará la planificación y el desarrollo de las actividades académicas en las unidades penitenciarias de la provincia.
La implementación de este protocolo busca brindar un marco de funcionamiento. De esta manera, busca fortalecer el acceso y la continuidad de los estudios universitarios para las personas privadas de la libertad, garantizando condiciones que favorezcan el ejercicio efectivo de este derecho.