Nueva denuncia penal al cuñado de Bettina Romero por presunta maniobra de estafa con loteos en Cafayate
Una nueva denuncia penal vuelve a poner en el centro de la escena al empresario cafayateño Julio Ricardo Lávaque, cuñado de la exintendenta de Salta Bettina Romero, por presuntas irregularidades vinculadas a desarrollos inmobiliarios en Cafayate. La presentación, a la que accedió Nuevo Diario, también alcanza al abogado Héctor Armando Leccese y a otras personas que habrían participado de la promoción y comercialización de un loteo.
La denuncia, a la que accedió en exclusiva Nuevo Diario, fue presentada por Felipa Rosana Díaz ante el Ministerio Público Fiscal y solicita que se investigue la posible comisión de los delitos de estafa, defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta y asociación ilícita, además de cualquier otra figura penal que pudiera surgir durante la investigación.
La denuncia
Según la presentación judicial, los hechos comenzaron a conocerse en mayo de este año, cuando integrantes del denominado Movimiento Pacha y/o Resistencia Kalchakí anunciaron la disponibilidad de 80 terrenos destinados a familias integrantes de esas organizaciones.
La denunciante sostiene que los adjudicatarios fueron convocados a reuniones donde se les informó que el propietario de las tierras era Julio Lávaque, que el loteo se emplazaría sobre la matrícula 6.803 y que la instrumentación legal estaría a cargo del abogado Héctor Leccese.
No obstante, la presentación afirma que el emprendimiento no contaría con los requisitos administrativos exigidos por la normativa provincial para habilitar un loteo. Entre las supuestas irregularidades menciona la inexistencia de aprobación administrativa, autorización de urbanización, infraestructura básica, apertura de calles y servicios esenciales, pese a que los terrenos ya habrían comenzado a comercializarse.
La denuncia también plantea que el predio se encontraría próximo al río Chuscha y solicita determinar si parte de los terrenos ofrecidos corresponden al dominio público hídrico provincial o se ubican en una zona inundable, además de establecer si se respetó la línea de ribera prevista por la legislación vigente.
Asimismo, la presentación sostiene que existió una distribución de funciones entre los distintos denunciados, donde Lávaque habría aportado el inmueble y encabezado la comercialización; Leccese habría instrumentado jurídicamente las operaciones; y otros involucrados habrían actuado captando compradores y promocionando el emprendimiento.
Como medida de prueba, la denunciante pidió informes a organismos provinciales, incorporación de publicaciones en redes sociales, entrevistas periodísticas y la declaración testimonial de funcionarios municipales, concejales y periodistas de Cafayate.
Del mismo modo, y según sostiene la denuncia, el informe de la Dirección General de Inmuebles aseveró que no existe iniciado ningún tipo de trámite referido a este loteo.
Un nombre que ya había sido denunciado
No es la primera vez que Julio Lávaque enfrenta acusaciones relacionadas con emprendimientos inmobiliarios en Cafayate.
En octubre de 2022, alrededor de 60 familias denunciaron haber sido perjudicadas por el proyecto “Terrazas de Cafayate”, donde aseguraron haber abonado durante cinco años cuotas por terrenos que nunca fueron entregados. Los damnificados afirmaban haber recibido únicamente recibos de pago y que jamás firmaron contratos de compraventa, pese a haber cancelado hasta 60 cuotas.
En aquel momento, los denunciantes sostenían que el emprendimiento estaba dirigido principalmente a trabajadores vitivinícolas, obreros de la construcción y familias de bajos recursos que buscaban acceder a un lote propio.
Las críticas en el Concejo Deliberante
Las denuncias volvieron a cobrar notoriedad en mayo de 2024, cuando durante una sesión del Concejo Deliberante de Cafayate el concejal Rodrigo Chocobar cuestionó públicamente los desarrollos inmobiliarios impulsados por la familia Lávaque.
El edil afirmó que “el loteo de Lavaque ya estafó bastante” y pidió que el municipio no habilitara nuevos emprendimientos hasta tanto se garantizaran las condiciones legales y urbanísticas correspondientes. Sus declaraciones derivaron en una fuerte polémica luego de que el abogado Héctor Leccese anunciara acciones legales, aunque el concejal ratificó íntegramente sus acusaciones.
Por su parte, Leccese rechazó entonces la existencia de estafas y sostuvo que, en todo caso, podrían existir incumplimientos de contratos de compraventa, cuestión que consideró de naturaleza civil y no penal.
Investigación en etapa inicial
La nueva presentación judicial incorpora estos antecedentes y solicita que la Fiscalía determine si existió una estructura organizada para comercializar terrenos sin cumplir los procedimientos previstos por la legislación provincial, además de establecer el destino del dinero obtenido y las responsabilidades que eventualmente correspondan a cada uno de los denunciados.
Hasta el momento, la denuncia constituye una presentación de parte y será la investigación del Ministerio Público Fiscal la que deberá determinar si existen elementos suficientes para impulsar una causa penal contra los denunciados.