La comunidad Lule irá a la Justicia para frenar la cesión de tierras a Tigres Rugby Club

La Provincia oficializó el comodato por 25 años de casi nueve hectáreas para la institución deportiva. Desde la Comunidad Lule de Finca Las Costas anticiparon que resistirán en el territorio, iniciarán acciones legales y, de ser necesario, acudirán a tribunales internacionales.

La promulgación de la Ley N.º 8543 terminó de encender un conflicto que venía creciendo desde hace meses. Con la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno de Salta oficializó la autorización para otorgar en comodato por 25 años un predio de aproximadamente 88.756 metros cuadrados al Tigres Rugby Club, destinado a la ampliación de su infraestructura deportiva y recreativa. La norma establece que el terreno deberá utilizarse exclusivamente para la construcción y ampliación de la sede social del club. La institución contará con un plazo máximo de cinco años para ejecutar las obras comprometidas. En caso de incumplimiento, el comodato quedará sin efecto y las tierras deberán ser restituidas al Estado. Como contraprestación, el club deberá otorgar becas deportivas completas equivalentes al menos al 5% de sus deportistas inscriptos para niños y jóvenes de escasos recursos, además de poner sus instalaciones a disposición de establecimientos educativos públicos y delegaciones deportivas del interior cuando no estén siendo utilizadas. Sin embargo, para la Comunidad Lule de Finca Las Costas la promulgación representa un nuevo capítulo de un conflicto territorial que, aseguran, vulnera derechos constitucionales e internacionales.

“Vamos a combatir esta injusticia”

En diálogo con Nuevo Diario, el presidente de la comunidad, David Torres, aseguró que la decisión del Gobierno provincial constituye “otra más de las injusticias” contra los pueblos originarios y adelantó que continuarán resistiendo. “Vamos a combatir como combatimos todas las injusticias, porque esta es otra más de todas las injusticias que está tomando el Gobierno de la Provincia. Esto es un hecho inconstitucional”, sostuvo. Torres fundamentó su postura en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la obligación del Estado de realizar un proceso de consulta previa, libre e informada antes de adoptar medidas que puedan afectar a las comunidades. Según explicó, la Comunidad Lule posee reconocimiento de ocupación ancestral a partir del relevamiento territorial realizado en el marco de la Ley 26.160. “La Legislatura actuó sin contemplar este derecho constitucional. Nosotros les dijimos que queríamos volver en el marco de un protocolo de consulta, pero nunca más nos convocaron”, afirmó.

Denuncias por falta de consulta

El dirigente indígena sostuvo que nunca se cumplió con el procedimiento de consulta previsto por la legislación nacional e internacional y advirtió que esa omisión convierte el proceso en inconstitucional. “Cada vez que el Estado quiera realizar una actividad en un territorio indígena tiene que iniciar un proceso de consulta libre, previa e informada. Eso no sucedió”, remarcó. Además, cuestionó que un terreno que consideran parte de su territorio ancestral haya sido destinado a una entidad privada. “Se toma patrimonio público y se lo pone al servicio de una entidad que hará usufructo privado. Es un club de rugby de élite, al que solo acceden quienes pueden pagar una cuota societaria que ronda los 200 mil pesos”, señaló. Torres también relativizó los compromisos ambientales asumidos por la institución deportiva. “Dicen que van a plantar mil árboles. Nosotros somos los guardianes naturales de este territorio desde hace generaciones. Nuestros antepasados están enterrados allí. Esa tierra forma parte de nuestra identidad y de nuestra cosmovisión”, expresó.

Cuestionamientos al Estado

El referente indígena también apuntó contra las autoridades provinciales y municipales al sostener que el Estado favoreció al club por encima de los derechos de la comunidad. Según indicó, Tigres Rugby Club ya contaba con un comodato anterior y, además, habría recibido la condonación de una deuda municipal de 16 años para poder acceder a la nueva cesión. “Le perdonaron alrededor de 70 millones de pesos para que pudiera presentarse al comodato. A cualquier vecino le cortan los servicios si deja de pagar, pero acá no solo le condonan la deuda, sino que le entregan otras tierras por 25 años más”, cuestionó, y agregó: “¿Cuál es el rol del Estado? ¿Entregar tierras o garantizar la igualdad y la justicia? En este caso no lo está cumpliendo”.

Torres confirmó que la comunidad permanecerá en el territorio mientras avanza con distintas presentaciones judiciales. “Vamos a resistir en el lugar, iniciar acciones legales y, si en Argentina no encontramos justicia, vamos a recurrir a tribunales internacionales”, aseguró.

Un senador habló de “despojo”

Las críticas también llegaron desde el Senado provincial. El legislador por Iruya, Walter Cruz, fue el único integrante de la Cámara Alta que cuestionó públicamente la sanción de la ley en declaraciones a Salta 12. “Para mí ha sido un despojo. No tiene nada de inclusión social aquí”, sostuvo al referirse a la cesión de las tierras reclamadas por la Comunidad Lule. El conflicto se profundizó luego de que el proyecto obtuviera sanción definitiva en el Senado el pasado 25 de junio, tras un tratamiento sobre tablas que demandó apenas 40 minutos. Desde entonces, la comunidad indígena realizó manifestaciones frente a la Legislatura y en la residencia oficial del gobernador para reclamar que la iniciativa fuera vetada. Con la promulgación ya concretada, el escenario cambió: mientras la Provincia habilita formalmente el comodato para Tigres Rugby Club, la Comunidad Lule anticipa una disputa judicial que promete trasladar el conflicto desde el territorio hacia los tribunales nacionales e internacionales

En las próximas semanas se espera que la comunidad, junto a sus asesores legales, formalice las primeras presentaciones judiciales para solicitar la nulidad de la ley o la suspensión de sus efectos hasta que se resuelva el fondo de la controversia. Según adelantó David Torres, si la Justicia argentina no hace lugar a los planteos, el caso será llevado ante organismos y tribunales internacionales especializados en derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.