Bananas y rutas: reclamos a Nación y tensión con el Ministerio de Turismo en el Senado provincial
La preocupación por los productores bananeros del norte salteño ocupó el centro de la sesión que el Senado provincial realizó este jueves. La Cámara aprobó solicitar al Gobierno nacional la suspensión por 90 días de la medida que modificó las condiciones fitosanitarias para el ingreso de bananas importadas, con el objetivo de abrir una instancia de diálogo con las provincias, los productores y los organismos técnicos.
La discusión no quedó limitada al posible ingreso de enfermedades capaces de afectar los cultivos. También expuso las diferencias entre los legisladores que cuestionaron las políticas de apertura de importaciones y el representante de La Libertad Avanza, Roque Cornejo, quien defendió las decisiones de la administración de Javier Milei y trasladó el debate hacia la presión tributaria provincial y municipal.
Temor por 2.800 hectáreas en Orán
El senador por General Güemes, Enrique Cornejo, explicó que la Resolución 114/2026 dejó sin efecto una herramienta que durante 32 años protegió sanitariamente a las zonas productoras de Salta y Jujuy. Advirtió que la modificación implica un riesgo para las aproximadamente 2.800 hectáreas cultivadas en el departamento Orán y para los puestos de trabajo vinculados con esa economía regional. El legislador señaló que enfermedades fúngicas como el Mal de Panamá podrían comprometer la productividad de los campos durante décadas. Sin embargo, destacó el diálogo existente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y sostuvo que la suspensión solicitada permitiría encontrar una salida conjunta con el SENASA, el INTA, los gobiernos provinciales y el sector productor. El senador por Orán, Juan Cruz Curá, profundizó el planteo al recordar que durante la década de 1990 el departamento llegó a tener unas 15.000 hectáreas de banana, mientras que actualmente la superficie cultivada no alcanza las 3.000. Vinculó esa caída con anteriores procesos de apertura de importaciones y con la pérdida de miles de puestos de trabajo formal en la frontera. Según los datos expuestos durante la sesión, en la Argentina se consumen alrededor de 12 kilos de banana por habitante al año, pero apenas el 20% de esa demanda se cubre con producción nacional. De esa porción, aproximadamente el 70% proviene de Salta, principalmente de Orán.
Curá cuestionó que la decisión nacional se hubiera tomado sin escuchar previamente a quienes producen en el territorio y consideró que pudo haber estado orientada a reducir el precio de la fruta mediante una mayor oferta importada, sin contemplar las consecuencias sobre la actividad local. También estimó que cada hectárea genera aproximadamente un puesto de trabajo, por lo que la continuidad de la medida podría comprometer a unas 3.000 familias.
Walter Cruz, representante de Iruya, acompañó el reclamo y extendió la advertencia a otras producciones. Mencionó el impacto que tuvo el ingreso de pimentón proveniente de Chile y Brasil sobre los Valles Calchaquíes y las dificultades que atraviesan las familias productoras de papas andinas y arvejas para competir con mercadería procedente de Bolivia y Perú. En esa línea, Cruz enfatizó que las decisiones adoptadas desde Buenos Aires sin conocimiento del territorio terminan debilitando economías regionales y pequeñas producciones familiares que apenas generan un excedente por encima del autoconsumo.
Cruce con LLA
El senador por Capital, Roque Cornejo, defendió la modificación dispuesta por Nación y afirmó que las autoridades nacionales brindaron explicaciones técnicas y científicas según las cuales no existirían riesgos sanitarios para la producción salteña. El legislador libertario sostuvo que los productores locales cuentan con calidad suficiente para competir y acusó a los gobiernos provinciales y municipales de “ahogar” al sector privado mediante impuestos y tasas. También afirmó que Salta se encuentra entre las provincias con mayor presión tributaria y rechazó lo que consideró un intento de utilizar políticamente la preocupación de los bananeros. Curá respondió que uno de los hongos señalados por los productores, conocido como Mal de Panamá, sí representa un peligro debido a que puede trasladarse a través del barro adherido a los vehículos que transportan la fruta. Aclaró además que la producción primaria de banana no está gravada en Salta y remarcó que el planteo no era partidario, sino una defensa de las familias que dependen de la actividad. El intercambio subió de tono cuando Roque Cornejo vinculó el ingreso ilegal de bananas con el contrabando y el transporte de drogas. Enrique Cornejo cerró el cruce con una precisión dirigida al representante libertario: el control de las fronteras corresponde al Gobierno federal.
Las rutas, otro reclamo dirigido a Nación
La sesión sumó otro planteo hacia el Ejecutivo nacional por el estado de la ruta 68 y de los puentes sobre el río Rosario, en el límite entre La Merced y El Carril. A partir de una iniciativa de Esteban D’Andrea y Gonzalo Caro, el Senado solicitó informes sobre las autorizaciones que se hubieran otorgado para la extracción de áridos en las inmediaciones del puente carretero y del puente ferroviario. Los legisladores advirtieron que el deterioro de las márgenes y los gaviones podría poner en riesgo la circulación durante la próxima temporada de lluvias. Recordaron que la ruta constituye una conexión fundamental con el Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes y alertaron que un daño en los puentes podría provocar aislamiento y accidentes. Junto con el pedido de información, instaron a los representantes salteños en el Congreso a gestionar recursos ante Nación para realizar obras de mantenimiento y reparación. Durante el debate también se cuestionó que los fondos recaudados mediante impuestos sobre los combustibles, que deberían financiar rutas, viviendas y subsidios al transporte, no estén llegando a la provincia.
Grieta a cielo abierto con Turismo
El otro momento de tensión tuvo como destinatario al Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia. El Senado aprobó un pedido de informe impulsado por Dani Nolasco para que, en un plazo de diez días, el organismo detalle las personas e instituciones que ya recibieron recursos del Plan META, aquellas que completaron los trámites y esperan el pago, y los expedientes que todavía tienen requisitos pendientes. Nolasco reconoció la importancia del programa para mejorar la infraestructura de clubes y asociaciones deportivas, especialmente en el interior, pero cuestionó la falta de respuestas sobre el estado de los proyectos. Relató que aproximadamente un mes atrás mantuvo una reunión con la ministra y el secretario de Deportes, en la que las autoridades se comprometieron a entregar esa información. Según expuso, posteriormente se atribuyeron las demoras a dificultades económicas, aunque desde el área de Economía provincial le indicaron que los recursos estaban disponibles. El senador advirtió que la demora perjudica directamente a las instituciones porque el valor de los materiales aumenta y una obra proyectada a comienzos de año ya no puede ejecutarse con el mismo presupuesto. Luciano Elvira, senador por Rosario de la Frontera y dirigente deportivo, acompañó el pedido y endureció las críticas. Aseguró que intentó comunicarse en distintas oportunidades con funcionarios del Ministerio, incluida la ministra, pero no obtuvo respuesta.
Elvira sostuvo que algunos funcionarios “van en otra sintonía” respecto de la cercanía con las instituciones que reclama el gobernador Gustavo Sáenz. También cuestionó la falta de contestación ante pedidos para que niños del interior puedan acceder al Teleférico y consideró injusto que el Senado deba recurrir a un pedido formal de informes para obtener datos sobre un programa destinado a clubes que contienen a niños y jóvenes.
Colegios profesionales
En el plano legislativo, la Cámara aprobó y envió en revisión a Diputados un proyecto de ley marco para regular la creación y el funcionamiento de los colegios y consejos profesionales. La iniciativa de la senadora por Anta, Alejandra Navarro, establece criterios comunes para estas entidades y mantiene la delegación estatal del poder de policía sobre las actividades que requieren títulos universitarios. La propuesta determina que solamente podrá existir un colegio o consejo por cada profesión y fija una estructura mínima integrada por una asamblea de matriculados, un consejo directivo, un tribunal de ética o disciplina y un órgano de control financiero. Las entidades ya constituidas conservarán su régimen legal, institucional y patrimonial, aunque deberán adecuar aquellos aspectos incompatibles con la futura norma. Finalmente, el Senado dio luz verde a la Carta Orgánica Municipal de Chicoana, que ahora deberá ser revisada por la Cámara de Diputados. El texto consolida la autonomía institucional del municipio, reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y el aporte de las corrientes inmigratorias, incorpora la inteligencia artificial como herramienta estratégica y ratifica a la localidad como Capital Nacional del Tamal.
La Carta Orgánica también define a Chicoana como un municipio agropecuario, industrial, turístico y ecológico, con un modelo de desarrollo que busca compatibilizar la actividad económica con la protección del patrimonio cultural y los recursos naturales.