Según Greenpeace, Salta perdió casi 12 mil hectáreas en seis meses
La provincia registró 11.960 hectáreas deforestadas entre enero y junio, el doble que, durante el mismo período de 2025, según Greenpeace. En todo el norte argentino, la pérdida de bosques alcanzó las 40.862 hectáreas.
La deforestación volvió a encender las alarmas en Salta. Durante los primeros seis meses de 2026, la provincia perdió 11.960 hectáreas de bosque, una superficie que duplica la registrada en el mismo período del año pasado, de acuerdo con un relevamiento realizado por Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales. El dato ubica a Salta como la segunda provincia con mayor cantidad de desmontes entre las cuatro jurisdicciones analizadas, sólo por detrás de Santiago del Estero. El crecimiento interanual adquiere particular relevancia ante la advertencia de la organización ambientalista sobre la posible autorización de nuevas intervenciones sobre el bosque salteño.
Casi 41 mil hectáreas en el norte
El informe estimó que entre enero y junio fueron desmontadas 40.862 hectáreas en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. La superficie afectada equivale aproximadamente a dos veces la extensión de la Ciudad de Buenos Aires. Santiago del Estero encabezó el registro con 20.727 hectáreas deforestadas. Salta quedó en segundo lugar con 11.960, mientras que Formosa contabilizó 4.375 y Chaco otras 3.800 hectáreas. “Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes, mientras que Salta duplicó la deforestación respecto al mismo período del año pasado”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La preocupación por las nuevas autorizaciones en Salta
Giardini sostuvo que el Gobierno provincial se encuentra próximo a autorizar más desmontes y vinculó esa situación con otros conflictos ambientales que permanecen abiertos en territorio salteño. Entre ellos mencionó el daño provocado por un pozo petrolero abandonado en medio del bosque, en Lomas de Olmedo. Greenpeace reclama que se avance con la recomposición ambiental del lugar y con medidas que impidan que la contaminación continúe afectando la zona. La organización también cuestionó la actuación de los gobiernos provinciales al considerar que los controles son insuficientes, las normativas se flexibilizan y, en algunos casos, se habilitan desmontes en sectores donde no estarían permitidos. Para Greenpeace, las sanciones económicas dejaron de funcionar como una herramienta efectiva contra la deforestación ilegal. Según Giardini, algunos empresarios agropecuarios incorporan las multas como parte de sus costos de producción y recurren a presentaciones judiciales cuando los montos son elevados. La entidad ambientalista sumó cuestionamientos al Gobierno nacional por la reducción de los fondos destinados a la conservación de los bosques y por impulsar modificaciones en las leyes de Bosques y de Manejo del Fuego.
Greenpeace advirtió que la destrucción de los bosques provoca la desaparición de especies, agrava el cambio climático y favorece inundaciones, sequías y procesos de desertificación. También señaló sus consecuencias sobre las comunidades indígenas y campesinas, como los desalojos y la pérdida de alimentos, medicinas y recursos provenientes del monte.