Destacan que una investigación por desmontes desembocó en un embargo superior a $21.800 millones
El Ministerio Público Fiscal de Salta aseguró que mantiene activa la causa por el daño ambiental provocado en la finca ubicada en General Ballivián y defendió las medidas adoptadas para garantizar la restauración del bosque nativo.
El Ministerio Público Fiscal de Salta ratificó su intervención en la causa por los desmontes realizados en la Finca Cuchuy, ubicada en el municipio de General Ballivián, y destacó las distintas medidas judiciales adoptadas durante más de una década para avanzar en la recomposición del daño ambiental.
A través del procurador general Pedro García Castiella y de la fiscal Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial del Norte Tartagal, Rosa Vélez Román, el organismo salió al cruce de versiones que, según indicó, contienen información inexacta sobre el expediente.
La Fiscalía Penal de Tartagal impulsó el expediente en abril de 2013 y culminó con la condena de Juan José Karlen en octubre de 2015.
Un proceso de restauración que lleva años
En paralelo a la causa penal se desarrolló un proceso civil relacionado con la recomposición del daño ambiental. Según recordó el Ministerio Público Fiscal, en 2016 la Fiscalía Civil advirtió ante el juzgado sobre el riesgo de incendios y solicitó la adopción de medidas preventivas.
Un año después, Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen suscribieron un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal para avanzar en la restauración de más de 11.000 hectáreas afectadas y contemplar la participación de comunidades indígenas y familias criollas de la zona.
El acuerdo se homologó judicialmente en diciembre de 2018. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, los compromisos asumidos no se cumplieron en los términos previstos y el expediente atravesó sucesivas presentaciones y planteos que demoraron el avance de las medidas de recomposición.
El organismo sostuvo que, ante esas demoras, desde 2022 García Castiella y Vélez Román asumieron una participación directa en la causa, con reuniones de carácter técnico y jurídico y la firma conjunta de presentaciones.
En 2024 y 2025, según informó el Ministerio Público, se obtuvieron resoluciones favorables vinculadas con la ejecución de las astreintes derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas judicialmente.
El embargo pasó de $171 millones a más de $21.800 millones
Uno de los principales avances recientes de la causa fue la ampliación del embargo preventivo sobre los bienes de los responsables.
La medida había sido fijada inicialmente en $171.413.473 y este año fue elevada a $21.805.106.128, a partir de un pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal.
El cálculo se basó en un informe elaborado por el Gabinete de Delitos Económicos del CIF, que estimó el costo necesario para llevar adelante las tareas de restauración.
La Fiscalía sostuvo que la ampliación del embargo busca garantizar los recursos necesarios para ejecutar la recomposición ambiental en caso de que los responsables no cumplan con las obligaciones establecidas judicialmente.
La jueza que intervino en la medida consideró, según informó el Ministerio Público, que el daño ambiental trasciende a los particulares involucrados y alcanza al conjunto de la sociedad, los recursos naturales y sectores considerados vulnerables.