Yanela Barrios y la violencia sexual contra niñas: “No son falsas denuncias: faltan denuncias”
La plaza Güemes fue escenario este lunes de un festival destinado a visibilizar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, acompañar a quienes atravesaron estas situaciones y reclamar una respuesta efectiva del Estado.
La jornada comenzó a las 16.30 frente a la Legislatura provincial y se extendió hasta las 20, con actividades artísticas, una radio abierta, una obra teatral, propuestas para las infancias y la participación de diferentes organizaciones, instituciones y artistas.
La convocatoria se realizó bajo la consigna “Las voces de las infancias importan”, en el marco de la campaña latinoamericana por el Día de la Solidaridad con Sobrevivientes y Víctimas de Violencia Sexual en las Infancias y Adolescencias.
La actividad fue impulsada por Madres Protectoras Salta y el colectivo Resilientes e Inquebrantables, con el acompañamiento de Fundación Formando Caminos, la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta, ALFA y El Rejunte Colectivo.
En diálogo con Nuevo Diario, Yanela Barrios, referente de Madres Protectoras Salta e integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista, explicó que el objetivo fue interpelar a toda la comunidad frente a “una de las violencias más terribles” y poner en discusión las dificultades que encuentran las víctimas y sus familias cuando buscan protección y justicia. “Sabemos el impacto terrible que provoca la violencia sexual en una niña, un niño o un adolescente. Buscamos el acompañamiento de toda la sociedad, pero también que el Estado responda de manera efectiva frente a estas vulneraciones de derechos”, sostuvo.
El precedente
de Brisa Angulo
La conmemoración del 9 de agosto tiene su origen en Bolivia y está vinculada con la lucha de Brisa de Angulo Losada, sobreviviente de violencia sexual que durante más de dos décadas reclamó justicia y denunció la revictimización que sufrió dentro del sistema judicial.
El caso de Brisa llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el fallo cuestionó las demoras, los estereotipos de género y edad, las prácticas revictimizantes y la falta de debida diligencia durante la investigación. Además, fijó estándares regionales para el abordaje judicial de la violencia sexual contra niñas y adolescentes. “Hay sobrevivientes que recién pueden poner en palabras lo ocurrido durante la adultez y que nunca llegaron a denunciar. También hay niñas, niños y adolescentes atravesando procesos judiciales durísimos, muchas veces revictimizantes, que terminan sin una respuesta efectiva y con los hechos impunes”, afirmó Barrios.
Una ley mordaza
Barrios también se refirió al proyecto conocido como de “falsas denuncias”, impulsado por la senadora radical Carolina Losada junto con otros legisladores.
El proyecto propone modificar el Código Penal y endurecer las penas por falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento. La iniciativa continúa pendiente de tratamiento en el recinto. Para Barrios, la postergación no desactivó el peligro y las organizaciones deben mantenerse en alerta. “El proyecto se frenó por el momento, pero sabemos que puede volver a tratarse en cualquier momento. Lo que busca es instalar miedo en las víctimas y en las personas que acompañan una denuncia”, advirtió y calificó la iniciativa como una “ley mordaza” y cuestionó que se pretenda aumentar las penas en casos vinculados con violencia de género, violencia familiar, delitos sexuales o hechos que involucren a menores de edad. “Decimos que no son falsas denuncias, sino que faltan denuncias. El índice de denuncias deliberadamente falsas es ínfimo y esa conducta ya está contemplada como delito en el Código Penal. Entonces, ¿por qué se pone el foco especialmente en las denuncias por violencia de género y abuso sexual?”, planteó.
Un relevamiento federal del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos analizó más de ocho millones de causas penales tramitadas entre 2023 y 2025 y determinó que las investigaciones por falsa denuncia representaron el 0,09% del total. Las organizaciones también insisten en una diferencia central: una denuncia falsa supone que una persona mintió deliberadamente ante la Justicia, mientras que una causa archivada, una absolución o la imposibilidad de reunir pruebas suficientes no convierten automáticamente en falsa la denuncia inicial.
Barrios sostuvo que el proyecto podría profundizar las dificultades que ya encuentran las víctimas para acceder a la Justicia, especialmente cuando los hechos ocurren dentro de los hogares, sin testigos y durante períodos prolongados. “Las personas que acompañamos estos procesos sabemos lo difícil que es que una niña o un niño pueda hablar. También conocemos la revictimización que provoca el descreimiento del sistema”.
La referente también cuestionó la utilización judicial de expresiones como “obstrucción de vínculos” y del denominado Síndrome de Alienación Parental —SAP— para desacreditar denuncias de violencia o abuso. “Estamos hablando de un retroceso gravísimo, que puede entrar en contradicción con los tratados internacionales y con el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y protegidos”, manifestó Barrios.
Finalmente, sostuvo que la defensa de esos derechos requiere una respuesta colectiva y políticas públicas. “La lucha es colectiva. Necesitamos una sociedad que escuche, que acompañe y que no mire para otro lado, pero también un Estado presente que proteja efectivamente a las infancias y a las familias que atraviesan estos procesos”, concluyó.