El economista salteño analizó el fuerte deterioro de la capacidad de pago de los hogares y puso el foco en los préstamos otorgados por fintech y otros proveedores no bancarios. Aunque reconoció la gravedad del cuadro, sostuvo que las deudas deben resolverse entre privados. Además, respaldó la reforma del Banco Central impulsada por el Gobierno.
El crecimiento del crédito, presentado por el Gobierno nacional como una señal de normalización económica, tiene un reverso cada vez más visible: una proporción creciente de familias ya no puede afrontar sus compromisos. En mayo, la mora de los hogares llegó al 12,8%, frente al 4,5% registrado en el mismo mes de 2025. El salto fue de 8,3 puntos porcentuales en apenas un año. En una entrevista con Nuevo Diario, el economista Rolando Carrizo reconoció la magnitud del deterioro, aunque trazó una diferencia entre el volumen total de deuda y su calidad. Según su análisis, la Argentina mantiene un nivel de endeudamiento familiar reducido en comparación con otras economías, pero los préstamos se encuentran concentrados en sectores con una capacidad de pago frágil. “Es alto el nivel de morosidad, es muy bajo el endeudamiento de la Argentina y el crédito que existe es de baja calidad, con deudores que tienen una gran probabilidad de entrar en mora”, sintetizó. El último Informe sobre Bancos del Banco Central confirma el deterioro: además del 12,8% de mora familiar, la irregularidad del conjunto de las financiaciones al sector privado ascendió al 7,7%, mientras que en las empresas se ubicó bastante más abajo, en el 3,5%. Aunque el organismo señaló una moderación en el ritmo mensual de aumento, la comparación interanual expone la velocidad con la que se debilitó la capacidad de pago de los hogares.
Crédito escaso pero cada vez más riesgoso
Carrizo estimó que el endeudamiento de las familias representa alrededor del 8% del Producto Interno Bruto y remarcó que se trata de un porcentaje bajo frente al de otros países. Sin embargo, advirtió que ese dato por sí solo no describe un sistema saludable: el problema aparece al observar quiénes acceden al financiamiento, en qué condiciones y con qué posibilidades reales de devolverlo. Para el economista, la mora elevada responde a que una parte importante del crédito fue dirigida a personas que ya atravesaban dificultades financieras. “Se prestó plata a personas que estaban en ciertos problemas y que, a la larga o a la corta, iban a entrar en incumplimiento”, sostuvo. Ante la consulta por el endeudamiento utilizado para cubrir alimentos, servicios o vencimientos de la propia tarjeta, Carrizo no atribuyó el fenómeno principalmente al deterioro de los ingresos, sino a la baja calidad de los préstamos concedidos. En ese punto marcó una diferencia entre los bancos, que realizan evaluaciones más rigurosas antes de prestar, y los proveedores no financieros que facilitan dinero mediante aplicaciones, billeteras virtuales y plataformas digitales. “Te prestan con muy pocos requisitos. Las tasas son exageradamente altas porque dentro de esa tasa ya está calculado que habrá gente que no va a pagar”, explicó. Según describió, el acceso casi inmediato al dinero reduce los filtros sobre la capacidad de repago y traslada ese riesgo al costo final del crédito. Los datos oficiales muestran que el problema es todavía más profundo fuera del sistema bancario tradicional. El Informe de Proveedores No Financieros de Crédito, publicado por el BCRA, registró en febrero una irregularidad del 26,9% en ese mercado. La mora alcanzó el 34,1% en los préstamos personales, el 19,4% en las tarjetas no bancarias y el 26,2% dentro del sector fintech. El mismo relevamiento ubicó las tasas nominales anuales en el 144% para los préstamos personales y en el 87% para las tarjetas de crédito ofrecidas por esos proveedores. Carrizo consideró que la solución depende de una mejora de la estabilidad macroeconómica y de la ampliación de un financiamiento “más sano”, dirigido a personas con mejores condiciones para cumplir sus obligaciones. A su entender, la recuperación del crédito resulta indispensable para reactivar el consumo y otras actividades que permanecen rezagadas. “Es importante que se recupere el crédito porque es un motor del consumo y de la reactivación económica. Para eso necesitamos mucha estabilidad macroeconómica”, planteó. Su expectativa es que, si se consolida ese proceso, aumente el volumen de préstamos y disminuya la proporción de deudores en situación irregular.
En línea con Milei, “la deuda es privada”
El economista adoptó una posición tajante frente a una posible intervención estatal. Aun cuando la mora se extiende y repercute sobre el consumo y el comercio, consideró que el conflicto debe resolverse entre acreedores y deudores. “El Gobierno no puede entrometerse. Cada uno buscará su forma de resolver este problema y las entidades sabrán cómo refinanciar el crédito. Son problemas privados”, afirmó. También rechazó medidas generales que obliguen a perdonar una parte de las deudas o a imponer refinanciaciones. Según argumentó, una decisión de ese tipo afectaría el futuro desarrollo del crédito y terminaría restringiendo una herramienta que considera necesaria para impulsar el consumo. La postura deja abierto el núcleo de la discusión: si una mora familiar que casi triplicó su nivel en un año puede ser tratada exclusivamente como una suma de contratos individuales o si, por sus efectos sobre la economía, ya constituye un problema que exige respuestas de política pública. Carrizo se inclinó por la primera alternativa y confió la salida a los acuerdos particulares y a una futura estabilización de la economía.
El respaldo a la reforma del Banco Central
Carrizo defendió el proyecto oficial para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa establece como misión primaria la preservación del valor de la moneda, prohíbe el financiamiento del Estado y endurece el mecanismo de remoción de las autoridades de la entidad. Para el economista, se trata de “la reforma institucional y económica más importante” impulsada por la actual administración. Su respaldo se asienta en tres pilares: capacidad técnica, independencia frente al poder político y fortaleza institucional para que las reglas trasciendan a los gobiernos. Carrizo sostuvo que el directorio debe estar integrado por especialistas en política monetaria y quedar fuera de las necesidades coyunturales del Poder Ejecutivo. “No porque venga el Presidente y diga que le falta para pagar sueldos se tiene que recurrir a la emisión. El trabajo del Banco Central es preservar el valor de la moneda”, señaló. El proyecto presentado por el Ejecutivo mantiene el mecanismo vigente para designar a las autoridades, pero propone que su remoción requiera una mayoría de dos tercios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. También elimina del objetivo central las referencias actuales a la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Carrizo rechazó que la emisión de dinero sea utilizada para enfrentar una recesión o promover el empleo. Según afirmó, esa herramienta puede ofrecer un alivio transitorio, pero luego agrava los desequilibrios que pretendía resolver. “La moneda no es una herramienta para generar empleo ni desarrollo”, enfatizó.
A su juicio, el crecimiento depende de la inversión y de la competitividad, mientras que la política monetaria debe quedar en manos de técnicos capaces de administrar las tasas de interés sin responder a “intereses o caprichos” del gobierno de turno.