Piden que ARCA frene una evasión millonaria de cigarrillos de cuatro cigarreras
Representantes del sector tabacalero reclamaron en el Senado de la Nación que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fortalezca los controles sobre la comercialización de cigarrillos, ante una evasión que estimaron en 700 millones de dólares anuales.
El planteo se realizó durante la jornada “Una agenda para el desarrollo nacional: ¿dónde estamos?, ¿hacia dónde queremos ir?”, encabezada por los senadores nacionales Jorge Capitanich, presidente de la Comisión de Economías Regionales, y Marcelo Lewandowski, titular de la Comisión de Industria y Comercio. El encuentro reunió a legisladores, representantes de CAME, dirigentes agropecuarios y referentes de diferentes sectores productivos. Por la actividad tabacalera expusieron Pedro Pascuttini, Lucio Paz Posse y el senador provincial salteño Enrique Cornejo, en representación de las siete provincias productoras.
“Declaran $800 y venden a $3000”
Lucio Paz Posse explicó que el principal problema se encuentra en la diferencia entre los precios declarados por algunas empresas y los valores finales cobrados en los puntos de venta. “Las empresas, por ley, tienen que declarar el valor de venta del paquete de cigarrillos al público. Pero declaran 800 pesos y venden a 3.000”, denunció. Según estimó, esa maniobra ocasiona una pérdida de aproximadamente US$700 millones solamente en concepto de impuestos, sin contar el contrabando registrado especialmente en las provincias fronterizas con Bolivia y Paraguay. La subfacturación no perjudica únicamente al Tesoro nacional. También reduce los recursos coparticipables que deberían llegar a las provincias y municipios, los fondos destinados a la ANSeS y los ingresos que reciben los productores mediante el Fondo Especial del Tabaco (FET). Durante su intervención, Cornejo aseguró que serían cuatro empresas cigarreras las involucradas en estas maniobras y cuestionó la falta de intervención del organismo recaudador. “No es justo que a las pymes y a muchos comerciantes los estén asfixiando con el cobro de impuestos y exista una pasividad sorprendente por parte de ARCA frente a cuatro empresas cigarreras”, sostuvo.
Como herramienta de fiscalización, el sector propuso colocar un código QR obligatorio en cada paquete de cigarrillos. Al escanearlo, los consumidores podrían consultar el precio informado por el fabricante y, si no coincide con el cobrado en el comercio, realizar una denuncia georreferenciada directamente ante ARCA. Los productores consideran que este mecanismo permitiría ampliar los controles sobre miles de puntos de venta distribuidos en todo el país y detectar con mayor rapidez posibles maniobras de subfacturación.
Proyecto para gravar el tabaco calentado
Cornejo también entregó a los presidentes de las comisiones un proyecto para modificar parcialmente la Ley 19.800, que regula el Fondo Especial del Tabaco, y la legislación sobre Impuestos Internos. La iniciativa propone incorporar una categoría impositiva específica para el tabaco calentado, debido a que estos productos no existían cuando la normativa fue sancionada en 1972. Sin esa actualización, su comercialización no generaría aportes para el FET. Los representantes tabacaleros estimaron que gravar estos nuevos productos permitiría sumar alrededor de US$300 millones anuales. Sumados a los US$700 millones que podrían recuperarse mediante mayores controles, el Estado dejaría de perder cerca de US$1.000 millones por año.
Más de 300 mil empleos
Los expositores remarcaron que el tabaco genera más de 300.000 puestos de trabajo directos e indirectos y exporta cerca del 90% de su producción. Sin embargo, advirtieron que los altos costos de energía, gas, combustibles, fertilizantes y mano de obra ponen en riesgo la continuidad de numerosos productores. Pascuttini señaló que algunas familias ya enfrentan una situación “desesperante” y aseguró que existe una “inviabilidad de seguir produciendo” si no se recuperan los recursos correspondientes al sector. La presentación tabacalera formó parte de un reclamo más amplio de las economías regionales, que también expusieron dificultades en la fruticultura, la vitivinicultura, la forestoindustria y los biocombustibles. El denominador común fue la pérdida de competitividad, los elevados costos energéticos y logísticos, la presión tributaria y la falta de financiamiento.