Pensiones truchas en Anta perjudican al Estado en más de $ 3.280 millones por mes. Diputado implicado
Un diputado provincial, médicos, ex autoridades hospitalarias, empleados municipales y un ex jefe de la ANSeS quedaron acusados de integrar una presunta red que falsificaba documentación para obtener pensiones por discapacidad.
La Fiscalía estimó un perjuicio de $3.280 millones mensuales para el Estado. La Justicia Federal de Salta formalizó la investigación contra 15 personas por la presunta tramitación fraudulenta de pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento Anta.
Entre los imputados se encuentra el diputado provincial y ex intendente Gerardo Francisco Orellana.
La audiencia se realizó ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 2, a cargo de Diego Anzorreguy.
Durante la presentación, el fiscal general Carlos Amad describió una estructura que habría funcionado mediante la intervención coordinada de médicos, empleados administrativos, funcionarios públicos, operadores políticos y personas dedicadas a captar potenciales beneficiarios.
Según la hipótesis fiscal, los integrantes del presunto esquema falsificaban o adulteraban certificados médicos, historias clínicas, análisis de laboratorio, radiografías y otros documentos para gestionar o renovar beneficios en favor de personas que no reunían los requisitos legales. En algunos de los casos investigados, los solicitantes ni siquiera habrían presentado enfermedades incapacitantes. Por la confección de la documentación y la realización del trámite se habrían cobrado sumas que iban desde los $20.000 hasta $1 millón, dependiendo de la intervención requerida. La Fiscalía calculó que las maniobras investigadas habrían generado un perjuicio de aproximadamente $3.280 millones mensuales para el Estado nacional.
El universo revisado comprende 39.775 pensiones, con alrededor de 9.000 casos salteños bajo observación y 4.305 prestaciones contabilizadas en Anta.
El presunto componente político
De acuerdo con la acusación, Orellana habría intervenido en expedientes y firmado documentación correspondiente a personas que presuntamente no cumplían las condiciones para obtener una pensión.
La Fiscalía investiga, además, si el sistema fue utilizado como una herramienta de captación política y electoral en barrios, parajes rurales y sectores vulnerables del departamento Anta.
El legislador quedó imputado por fraude contra la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
María Romano, empleada del área de Acción Social de la Municipalidad de El Quebrachal, habría sido uno de los nexos entre los solicitantes y los integrantes del circuito. Según la investigación, se encargaba de captar personas, recibir documentación, cobrar dinero y coordinar la continuidad de los trámites.
Médicos, certificados y estudios alterados
Entre los profesionales investigados aparecen Roberto Bernardino Morales y César Ramiro Blanco, ambos vinculados con el Hospital Enrique Romero de El Quebrachal.
La Fiscalía sostiene que habrían emitido o avalado certificados médicos apócrifos y ofrecido gestiones completas para acceder a las prestaciones. Blanco también habría asesorado a los solicitantes sobre la manera de responder ante las juntas auditoras para superar los controles. Testimonios incorporados a la causa indicaron que habría cobrado hasta $1 millón cuando la persona no presentaba una enfermedad y sumas menores cuando existía alguna patología.
El bioquímico Luciano Benjamín Esteban está acusado de modificar análisis de laboratorio para simular enfermedades como Chagas o diabetes.
También se investiga si facilitó su sello profesional para respaldar documentación que posteriormente era incorporada a los expedientes. Los médicos Diego Augusto Ocampo y Luis Alberto Verón, por su parte, habrían confeccionado certificados y renovaciones sin realizar las evaluaciones correspondientes. También están imputados los profesionales José Wilson Muñoz Torres y José Edmundo Brisuela. La causa también alcanzó a Oscar Ricardo Luna, quien ocupó cargos jerárquicos en los hospitales de Joaquín V. González, Tartagal y El Quebrachal.
Sellos, membretes y accesos oficiales
Otro de los acusados es Hugo Humberto Massa, empleado municipal y propietario de una fotocopiadora cercana al hospital de El Quebrachal.
La Fiscalía le atribuye haber utilizado sellos, firmas y membretes hospitalarios para confeccionar certificados presuntamente falsos y reutilizar estudios médicos pertenecientes a otras personas. Edmundo Dante Salazar, ex responsable de una oficina de la ANSeS en El Quebrachal, habría facilitado claves de acceso a los sistemas oficiales para permitir que personas ajenas al organismo cargaran documentación relacionada con las pensiones.
En la etapa administrativa también aparecen imputados Manuel Rodolfo Córdoba, empleado municipal de Joaquín V. González, y Luis Casares, trabajador del área de Acción Social del Centro Integrador Comunitario de esa ciudad. Ambos habrían recibido y procesado documentación sin aplicar los controles correspondientes.
La nómina se completa con Humberto Brisuela Mendoza y Francisco Orellana, señalados por su presunta intervención en diferentes instancias del circuito administrativo y político.