El PAMI apelará una sentencia a favor de los jubilados de Irigoyen
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) apelará una sentencia que lo obliga a asignar una partida presupuestaria para reanudar las prestaciones suspendidas, garantizar la atención médica, asistencia y farmacológica a los jubilados de Hipólito Irigoyen.
Por un recurso de amparo presentado por el Centro de Jubilados y Pensionados "San Joaquín" de esa localidad, ante el maltrato institucional al que están sometidos los abuelos por las deficiencias en las coberturas y prestaciones, el Pami debía cumplir con la "cobertura real, integral y oportuna, de manera permanente y continua", de los afiliados nucleados por el centro.
Sin embargo, la decisión de la obra social de apelar la sentencia impuesta por el Juzgado Federal de Orán a cargo de Gustavo Montoya ante la Cámara de Apelaciones cayó como balde de agua fría a los jubilados que tienen, entre otras deficiencias, una sola farmacia en la zona para adquirir los medicamentos, dónde además deben realizar largas filas.
José Guerrero, tesorero del Centro de Jubilados y Pensionados que interpuso el recurso de amparo, lamentó la decisión del Pami, pero a pesar de estar aislado por el Covid-19 aseguró que "no se quedará de brazos cruzados y seguirá gestionando hasta tener una respuesta favorable y que se cumpla una sentencia ejemplificadora".
El fallo
De acuerdo a lo que había determinado la Justicia Federal, el Pami tenía que realizar las contrataciones correspondientes para garantizarla cobertura médica en los distintos Centros de Salud de Orán y en las farmacias de Hipólito Yrigoyen y de Orán.
También designar un delegado para que concurra al menos una vez a la semana a Irigoyen para atender las dudas de los afiliados.
Asignar una partida presupuestaria para que se reanuden las prestaciones suspendidas por la pandemia y necesarias para los afiliados.
Otras de las imposiciones era la de cesar de manera inmediata con la discriminación que sufren como adultos mayores tanto en derecho a la vida, integridad psicofísica, a la salud y a la inclusión social.
Acabar con el maltrato institucional y en el sentido que brinde atención, bienestar y respeto, respondiendo y protegiendo a todos los intereses físicos y psíquicos de los adultos mayores.