Imputaron al dueño de Cerdo Negro por una investigación de trata laboral
La Justicia imputó al propietario de la firma gastronómica Cerdo Negro en el marco de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral agravada.
La causa se originó a partir de una denuncia anónima realizada a través de la línea 145 y derivó en un procedimiento en una finca vinculada al empresario, donde se desarrollaban actividades de producción porcina y también trabajos agrícolas.
La pesquisa está centrada específicamente en siete trabajadores considerados presuntas víctimas, aunque durante la inspección realizada en el establecimiento fueron relevadas unas 20 personas. El procedimiento contó con la participación de integrantes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Uno de los principales aspectos que analiza la investigación son las condiciones habitacionales de los trabajadores. Según lo expuesto durante la audiencia, algunos empleados residían en habitaciones con pisos de tierra, dormían sobre estructuras armadas con palets y utilizaban letrinas como sanitarios. También se habría constatado que debían calentar agua en recipientes para poder higienizarse.
A estos elementos se suman presuntas irregularidades vinculadas con la situación laboral. La acusación menciona posibles deficiencias en la registración de empleados, salarios considerados bajos y dificultades que algunos trabajadores habrían atravesado para cubrir sus necesidades de alimentación.
Otras tareas que se realizaban
La finca no estaba destinada exclusivamente a la actividad porcina. De acuerdo con la investigación, allí también se realizaban tareas relacionadas con el cultivo y la cosecha de tabaco y aceitunas, por lo que la Justicia busca determinar cómo se organizaban las actividades y bajo qué condiciones se desempeñaban las personas que trabajaban en el lugar.
Durante el operativo también se tomaron fotografías del establecimiento, que se incorporaron al expediente como elementos de prueba.
Como parte de las medidas dispuestas, el empresario quedó sujeto a la prohibición de salir del país y a restricciones para mantener contacto con determinados empleados vinculados a la causa. La Justicia otorgó un plazo de seis meses para profundizar la investigación y reunir nuevas pruebas que permitan establecer con mayor precisión las condiciones laborales y de alojamiento y determinar eventuales responsabilidades.