Empresas vuelven a reclamar pagos a SAETA y entran en alerta
Las subconcesionarias aseguran que mantienen acreencias por servicios prestados desde julio y atribuyen a esa demora la reducción de unidades.
El reclamo no es nuevo: a comienzos de septiembre habían advertido que contaban con combustible para apenas seis días.
Ahora piden la intervención del Gobierno provincial y garantías para sostener la prestación.
Las empresas que operan el transporte público de pasajeros en el área metropolitana volvieron a exponer la delicada situación financiera que, según sostienen, atraviesa el sistema.
Esta vez lo hicieron mediante una solicitada pública en la que reclamaron a SAETA el cumplimiento de las obligaciones contractuales y advirtieron que, si las condiciones actuales se mantienen, podría verse comprometida la normal prestación del servicio.
En el comunicado, las compañías pidieron disculpas a los usuarios afectados por la reducción de unidades y vincularon esa situación con la falta de recursos para afrontar los costos cotidianos de la operación.
El principal señalamiento apunta a los pagos pendientes por servicios prestados desde julio de este año.
La nueva advertencia se suma a una sucesión de reclamos que comenzó a tomar mayor fuerza a fines de agosto.
El 27 de ese mes, las operadoras sostenían que todavía se les adeudaba la totalidad de las prestaciones correspondientes a julio y advertían sobre dificultades para pagar combustible, proveedores y compromisos financieros.
La tensión aumentó los primeros días de septiembre.
En una presentación realizada el 1 de ese mes ante SAETA, las empresas afirmaron que disponían de gasoil suficiente para mantener el servicio durante apenas seis días y que, sin una regularización de los pagos, no podrían garantizar su continuidad.
Días después, referentes de las subconcesionarias señalaron que seguía pendiente alrededor del 74% de las certificaciones de julio y anticiparon que podían verse obligados a reducir frecuencias nocturnas después de las celebraciones del Milagro.
En ese momento, el sector aseguró que no tenía liquidez suficiente para afrontar la compra de combustible.
SAETA respondió entonces intimando a las empresas a garantizar la continuidad y regularidad del servicio.
Al mismo tiempo, reconoció que gestionaba ante el Gobierno provincial una asistencia financiera extraordinaria para atender el déficit operativo del sistema y sostuvo que realizaba pagos de acuerdo con los recursos efectivamente disponibles.
Ahora, concluido el período del Milagro, las empresas vuelven a plantear que las dificultades persisten.
En la solicitada aseguran que cuentan con flota, personal y estructura para cumplir con el servicio, pero sostienen que necesitan que se regularicen las obligaciones económicas para afrontar gastos esenciales, entre ellos el combustible.
También incorporaron un pedido de “seguridad jurídica” para las compañías que realizaron inversiones en el sistema y solicitaron la intervención del gobernador Gustavo Sáenz para encontrar una salida al conflicto.
Las subconcesionarias manifestaron su intención de continuar prestando el servicio y señalaron que la discusión pasa ahora por las condiciones económicas que permitan sostenerlo.
El nuevo pronunciamiento muestra que, pese a las gestiones y pagos informados durante las primeras semanas de septiembre, el conflicto financiero entre SAETA y las operadoras continúa abierto, mientras la reducción de unidades ya comienza a impactar sobre los usuarios.