Preocupación por cambios en el nomenclador: “Habrá discapacidad para ricos y para pobres”

El referente de ATRADIS, Ademar Anachuri, y Luis González, de Padres TEA Salta, advirtieron que la modificación impulsada por Nación permitiría a cada obra social decidir cuánto pagar por terapias, transporte y apoyos. Mientras el Gobierno promete enviar un proyecto “superador”, las familias temen que la igualdad de acceso quede reducida a la capacidad económica de cada hogar.

El proyecto de Presupuesto 2027 volvió a encender todas las alarmas en el colectivo de la discapacidad. La preocupación no se limita a una reducción de partidas: organizaciones, prestadores y familiares advierten que las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional ponen en riesgo la continuidad de la Emergencia en Discapacidad y, fundamentalmente, el nomenclador que fija valores de referencia para las prestaciones básicas.

Para quienes necesitan terapias, transporte, acompañamiento o servicios de inclusión escolar, no se trata de una discusión técnica: detrás de cada modificación hay tratamientos que pueden interrumpirse, prestadores que ya no logran sostener su trabajo y familias que no tienen posibilidades de cubrir las diferencias.

Ademar Anachuri, referente de la Asociación de Transportistas de Discapacitados de Salta —ATRADIS—, dialogó con el periodista Héctor Alí por FM Pacífico y describió una situación que, según sostuvo, ya se encuentra desbordada. A esa advertencia se sumó Luis González, integrante de Padres TEA Salta, quien explicó a Nuevo Diario qué implicaría dejar el valor de las prestaciones librado a la decisión de cada obra social.

El nomenclador como garantía de igualdad

El nomenclador nacional establece los valores de referencia que las obras sociales y financiadores deben reconocer por cada prestación destinada a personas con discapacidad. Incluye, entre otros servicios, centros de día, hogares permanentes, apoyos para la inclusión escolar, atención psicológica, fonoaudiología, kinesiología y transporte.

Aunque las organizaciones sostienen que esos valores llevan años de atraso y nunca alcanzaron a cubrir los costos reales, el sistema conserva una función central: obliga a que las prestaciones tengan una referencia común.

“Venía a garantizar que todas las obras sociales paguen el mismo monto a los prestadores. Venía a igualar, a poner en condiciones de igualdad tanto a la persona que cobra una pensión por discapacidad como a quien puede pagar una prepaga”, explicó González.

La eventual eliminación o desregulación de ese esquema abriría la puerta para que cada financiador determine cuánto está dispuesto a reconocer. González lo graficó con el transporte: si el valor de referencia ronda los 900 pesos por kilómetro y una obra social decide cubrir solamente 100, los 800 restantes quedarían a cargo de la familia.

“Vamos a volver a esto de que quien tiene plata podrá acceder a las prestaciones y quien no la tenga va a desaparecer de las terapias, de la escuela y de la vida”, advirtió. Para el referente de Padres TEA Salta, una persona que pierde los apoyos necesarios para desenvolverse en igualdad de condiciones corre el riesgo de terminar recluida en su propia casa.

“Va a haber discapacidad para ricos y para pobres”

Anachuri coincidió en que la desregulación rompería el principio de igualdad que, aun con enormes dificultades y demoras, sostiene actualmente el nomenclador. “El Gobierno quiere liberar el nomenclador y hacer que las obras sociales paguen lo que quieran. El que tenga una buena cobertura o una buena prepaga seguirá teniendo la prestación; el que no pueda pagar, no”, cuestionó.

El referente de ATRADIS fue todavía más directo: “Va a haber discapacitados pobres y discapacitados ricos. Una familia pudiente podrá seguir atendiéndose y quien no tenga cómo pagar se quedará en su casa”.

En Salta, tres de cada diez transportistas dejaron la actividad

La crisis no comenzaría con la eventual reforma. Según Anachuri, el 30% de los transportistas de discapacidad de Salta dejó de trabajar desde el año pasado y devolvió sus licencias porque ya no podía afrontar el combustible, los seguros y el mantenimiento de los vehículos.

“Ya no tenemos cómo seguir trabajando. La situación está completamente desbordada”, afirmó. También recordó que los pagos pueden demorarse entre dos y seis meses: “Es increíble tener que estar rogando para que te paguen lo que trabajaste. Ni siquiera sabés cuándo vas a cobrar”.

Anachuri insistió en que el transporte no constituye un servicio accesorio ni un lujo dentro del sistema. Sin los vehículos adaptados y los recorridos diarios, muchas personas no pueden llegar a sus terapias, escuelas o centros de día. La prestación, además, permite que madres, padres y familiares puedan trabajar mientras sus hijos reciben atención.

“Somos un eslabón fundamental. Si el transporte no existe, la persona con discapacidad no llega a las terapias”, remarcó. En muchos casos, explicó, los niños permanecen durante varias horas en instituciones donde reciben tratamientos, escolaridad y alimentación. La desaparición del transporte no afecta solamente al usuario, sino que altera por completo la vida y la economía de su familia.

Centros y acompañantes al límite

La advertencia alcanza también a centros terapéuticos, profesionales y acompañantes. Cada institución sostiene equipos integrados por psicólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, docentes, personal de limpieza, maestranza y mantenimiento, además de una infraestructura cuyos costos aumentan mientras los aranceles continúan atrasados.

Anachuri recordó el caso de IRPAs, una institución histórica de Salta que estuvo cerca de cerrar sus puertas y pudo continuar mediante la asistencia provincial. “¿Cómo podemos llegar a que una institución con más de 50 años tenga que cerrar porque no se paga lo que corresponde?”, planteó.

El referente también rechazó que se considere prescindibles a los acompañantes terapéuticos, especialmente durante los traslados. “Si un niño convulsiona, el chofer puede intentar asistirlo, pero está para manejar. El acompañante terapéutico está para cuidar a esa persona y garantizar que vaya y vuelva en las mejores condiciones”, explicó.

Una emergencia votada, vetada y aplicada por orden judicial

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso con amplio respaldo, vetada posteriormente por el Poder Ejecutivo y ratificada por ambas cámaras. Su aplicación quedó demorada hasta que una resolución judicial obligó al Gobierno a reglamentarla.

La norma declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de una prórroga por un año. Entre sus puntos centrales estableció el financiamiento de las prestaciones, la actualización periódica de aranceles y compensaciones, la regularización de deudas con los prestadores y un nuevo marco para las pensiones no contributivas. Su puesta en vigencia buscó recomponer un sistema golpeado por el atraso de los valores y por la interrupción de miles de pensiones. El Congreso repuso la ley tras rechazar el veto presidencial y, meses después, el Ejecutivo debió reglamentarla tras una orden judicial.

González advirtió, además, sobre la intención de suspender pensiones no contributivas cuando una persona con discapacidad logra insertarse laboralmente. Consideró que esa mirada castiga la autonomía que el propio sistema debería promover: “Todos aspiramos a que una persona tenga una mejor calidad de vida, que sea un ciudadano que pueda devolverle a la sociedad lo que recibió. Nadie puede vivir con 270.000 o 280.000 pesos”.

Frente al rechazo que generaron las modificaciones incluidas en el Presupuesto 2027, el Gobierno nacional afirmó que trabajará en una iniciativa “superadora”. Sin embargo, hasta que exista un texto concreto, las organizaciones miran la promesa con desconfianza. La emergencia vigente atravesó un veto presidencial, la insistencia del Congreso y una intervención judicial antes de comenzar a aplicarse; ahora, los cambios impulsados en el debate presupuestario vuelven a poner bajo discusión derechos que el propio Estado debió reconocer.

Para González, las medidas no pueden analizarse aisladamente. Las vinculó con la desregulación de las obras sociales, la eliminación del monotributo social y las restricciones sobre las pensiones. “Es parte de un plan sistemático”, sostuvo, y calificó como “inhumano” que la continuidad de los apoyos pueda quedar subordinada a la capacidad de pago.

Anachuri mantiene la expectativa de que el Congreso elimine los artículos cuestionados, aunque admitió que el sector está agotado de reclamar por prestaciones esenciales y por trabajos ya realizados. “Da bronca tener que estar rogando para que te paguen. Espero que los legisladores revisen cada uno de estos puntos y los saquen o directamente no los aprueben”, concluyó.