Debaten que los empleados públicos puedan elegir su obra social
La cobertura de salud de los trabajadores públicos, el manejo de la información estatal y las dificultades de los estudiantes que compiten en el deporte integran la agenda legislativa salteña.
Las iniciativas fueron incorporadas al acta de labor de la 22ª sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, junto con propuestas sobre violencia familiar y de género, reconocimiento a veteranos de Malvinas y vandalismo rural. El documento, publicado el 18 de septiembre, reunió los proyectos elevados por los bloques a la presidencia del cuerpo, a cargo de Esteban Amat Lacroix.
Uno de los proyectos que plantea cambios en la relación entre los trabajadores estatales y la obra social provincial es el presentado por La Libertad Avanza para habilitar la elección de cobertura sanitaria. La iniciativa cuestiona la obligatoriedad de la afiliación al Instituto Provincial de Salud de Salta y propone que los aportes puedan destinarse a otra entidad. Al explicar la propuesta, el diputado Nicolás Arce señaló que empleados públicos, docentes, policías y trabajadores municipales realizan sus aportes al IPS sin poder optar por otra cobertura. Según sostuvo, quienes contratan una prepaga deben afrontar un gasto adicional, una situación que el bloque busca modificar mediante la posibilidad de elegir dónde dirigir esos recursos.
Otro de los ejes es la protección de los activos digitales gubernamentales, impulsada por el diputado Patricio Peñalba. La iniciativa aborda un problema concreto de la administración pública: qué ocurre con las contraseñas, las cuentas institucionales, los sistemas y las bases de datos cuando cambia un funcionario o termina una gestión. El proyecto propone identificar esos recursos, establecer responsables institucionales y organizar su resguardo y transferencia. Su fundamento es que la información y las herramientas digitales utilizadas por los organismos forman parte del patrimonio estatal, por lo que su disponibilidad no debería quedar sujeta a las personas que circunstancialmente las administran.
El acompañamiento a estudiantes deportistas también tuvo avances. La propuesta de Guillermo Kripper busca atender las dificultades de quienes deben compatibilizar sus obligaciones escolares con competencias y otras exigencias de su actividad. Durante su análisis en comisiones se planteó que justificar las inasistencias resulta insuficiente si, al regresar a clases, el estudiante no dispone de herramientas para recuperar los contenidos. Por eso, el dispositivo propuesto contempla tutorías, instancias de recuperación y alternativas cuando las actividades deportivas coincidan con evaluaciones, manteniendo las exigencias académicas.
Además, tratarán una propuesta de Guillermo Durand Cornejo para establecer expresamente la provisionalidad y revisión, en un plazo máximo de seis meses, de medidas judiciales por violencia familiar y de género, con intervención del Ministerio Público.