Con 9 meses de demora, piden que se integre el tribunal que juzgue a Parisi
Los fiscales Daniela Murúa y Daniel Espilocín presentaron una queja por retardo de justicia, ante la demora de nueve meses de integrar el tribunal que deberá juzgar al ex juez Claudio Parisi.
El planteo está relacionado con la inhibición de la jueza Norma Palomo. La magistrada, integrante de la Sala I del Tribunal de Juicio del Distrito Orán, había homologado el 18 de diciembre de 2025 un acuerdo de juicio abreviado y condenado a cuatro imputados en la causa. Como la situación procesal de Parisi quedó pendiente, la Unidad Fiscal recusó a Palomo para resguardar, según explicó, el derecho del acusado a ser juzgado por un tribunal imparcial. Hubieron recusaciones e inhibiciones de magistrados convocados como los jueces de Garantías del Distrito Tartagal, Alvarado y Mariscal Astigueta, además de la jueza Soledad Rodríguez y el juez Martocchia, quienes rechazaron intervenir. La discusión terminó llegando a la Corte de Justicia. Según los fiscales, ya habían advertido en abril que no existía un conflicto de competencia que justificara la intervención del máximo tribunal provincial. Finalmente, en agosto, la Corte consideró que la cuestión había sido planteada de manera incorrecta y devolvió las actuaciones para que se resolviera la intervención de Palomo. Ante la demora, la Unidad Fiscal presentó dos pedidos de pronto despacho: el primero el 7 de abril y el segundo el 7 de septiembre de 2026. De acuerdo con la presentación realizada ahora ante la Corte, ninguno de los dos obtuvo respuesta.
Claudio Parisi está acusado de cohecho pasivo agravado en dos hechos e incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público. La acusación está vinculada con el beneficio de arresto domiciliario que habría otorgado a César Daniel Martínez, conocido como “Oreja”, quien estaba imputado por tentativa de femicidio y luego por su asesinato. Para Murúa y Espilocín, la demora genera un perjuicio para la administración de Justicia y resulta especialmente grave por tratarse de una causa en la que se debe determinar la eventual responsabilidad penal de quien ejercía una función judicial. Los fiscales también remarcaron que la situación afecta el derecho del propio acusado.