Buscan consensuar cambios en la ley de discapacidad
El Gobierno de Salta, junto a representantes de instituciones y prestadores de servicios para personas con discapacidad, mantuvo una reunión con el diputado nacional Bernardo Biella para consensuar una postura frente al proyecto de ley que será debatido en el Congreso.
El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, y contó con la participación de autoridades provinciales del área.
Durante la reunión se expusieron las principales dificultades que atraviesa el sector y se acercaron propuestas para incorporar al debate legislativo. Entre los planteos se encuentran la actualización de los valores del nomenclador de prestaciones, el pago de las deudas con los prestadores y la necesidad de establecer un marco normativo que garantice la continuidad de los servicios.
Mangione señaló que la posición del Gobierno provincial es respaldar y ampliar los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido, sostuvo que cualquier modificación de la legislación vigente debería orientarse a mejorar el sistema y no a reducir las prestaciones.
El ministro también planteó la necesidad de contemplar las particularidades geográficas de Salta al momento de definir las políticas nacionales. “Salta tiene una geografía tan amplia y tan hostil en algunos lugares”, expresó, al señalar que las decisiones deben considerar las condiciones de vida y las dificultades que enfrentan quienes residen en distintos puntos del territorio.
Por su parte, Biella detalló los ejes de una propuesta legislativa impulsada desde Salta. El diputado indicó que se busca actualizar los valores del nomenclador, evitar su eliminación y establecer mecanismos para cancelar las deudas que mantienen con los prestadores, además de reducir las demoras en los pagos.
Otro de los puntos planteados es que la emergencia en discapacidad sea reemplazada por una ley de carácter transversal, que mantenga su vigencia más allá de los cambios de gobierno. Biella también propuso que los aranceles se actualicen trimestralmente y que exista una partida específica dentro del Presupuesto nacional para garantizar el financiamiento de las prestaciones.