Adjudican casa del IPV a concejala del “Topo” Ramos; más de 500 familias piden explicaciones en Rosario de Lerma

Una concejala del arco oficialista del intendente Sergio “Topo” Ramos, una vivienda del IPV y cientos de familias que esperaban acceder a un techo propio quedaron expuestos en un episodio polémico y que sacude al Concejo Deliberante de Rosario de Lerma.

La edil Camila Jorge denunció públicamente que su par oficialista, Aurelia Córdoba, resultó beneficiada en el sorteo de 93 viviendas y exigió conocer bajo qué condiciones participó, qué requisitos acreditó y qué grupo familiar declaró. El cuestionamiento tiene un ingrediente que aumenta la tensión: según Jorge, Córdoba había acompañado los pedidos de control sobre las viviendas sociales que ahora reclama aplicar también a su caso. “Una banca no debería convertirse en un escudo frente a los cuestionamientos de la ciudadanía”, sostuvo Jorge en diálogo con Nuevo Diario, después de una publicación en redes en la que interpeló directamente a su compañera de cuerpo. Su planteo pone al IPV y a la concejala ante un pedido concreto de explicaciones sobre el acceso a un beneficio estatal, en un proceso para el que el organismo había habilitado a 530 familias y en el que la expectativa de una casa propia excede largamente cualquier disputa entre dirigentes. La diferencia entre las necesidades habitacionales y las respuestas disponibles atraviesa todo el reclamo. Mientras las unidades sorteadas fueron 93, la cantidad de familias habilitadas superaba en más de cinco veces esa oferta, según la información oficial del IPV.

El organismo había precisado que podían participar quienes se inscribieron o actualizaron su ficha social entre el 10 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026 y acreditaron ingresos iguales o superiores a tres salarios mínimos, vitales y móviles. Esa desproporción permite dimensionar la urgencia: aun con las 93 viviendas para adjudicar a familias distintas, 437 de las habilitadas para el sorteo, quedarían sin una casa en esta instancia. El número describe únicamente la demanda admitida para este sorteo, no la totalidad de la necesidad habitacional de Rosario de Lerma, pero alcanza para mostrar cuánto queda pendiente después de cada anuncio y por qué las condiciones de acceso merecen una explicación pública precisa.

Una oportunidad que puede tardar años

En ciudades como Rosario de Lerma, la espera por una vivienda atraviesa la vida cotidiana de familias que, según describió Jorge, llevan años aguardando una solución. Cada sorteo concentra esa expectativa acumulada: para quienes alquilan, significa la posibilidad de dejar de depender de un contrato y de destinar una parte de sus ingresos a una casa propia; para los hogares numerosos o con menores a cargo, representa la posibilidad de contar con estabilidad y un espacio adecuado para vivir y criar. La urgencia habitacional tampoco queda suspendida entre una convocatoria y la siguiente. Las familias siguen necesitando un lugar donde vivir mientras esperan otra oportunidad, y la incertidumbre sobre cuándo llegará vuelve especialmente sensible cualquier cuestionamiento sobre las reglas del acceso. Por eso, la discusión que abrió el caso de Córdoba tiene un alcance que desborda al Concejo: involucra la confianza de quienes presentan documentación, actualizan sus datos y vuelven a depositar sus expectativas en un procedimiento del Estado. Jorge puso detrás de los números esas situaciones concretas: familias numerosas, vecinos que alquilan, hogares con menores a cargo, personas con discapacidad y ciudadanos que llevan años esperando una respuesta. “Por eso considero legítimo preguntarnos cuáles fueron los requisitos cumplidos por una funcionaria pública en ejercicio, qué grupo familiar declaró y bajo qué condiciones participó del sorteo”, manifestó. La espera de esas familias no permite presumir que otra postulante carezca de necesidad habitacional, pero sí refuerza la obligación de explicar cómo se evalúa a todos los participantes y cómo se garantiza la igualdad de condiciones. Cuando las viviendas disponibles alcanzan para una fracción de los inscriptos, la transparencia forma parte de la respuesta que el Estado les debe también a quienes quedan afuera.

Los controles que se piden para otros

El antecedente que la concejala puso sobre la mesa lleva número de expediente: 000290/26. Se trata de un proyecto de Declaración de Anhelo para solicitar al Poder Ejecutivo Provincial un relevamiento integral, actualizado y periódico de las viviendas sociales de Rosario de Lerma, que obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Legislación General, según consta en la documentación aportada a este medio. Jorge aseguró que Córdoba acompañó esa iniciativa y planteó que el mismo criterio de fiscalización debe alcanzar a quienes ocupan una banca. Allí ubicó una de sus críticas más fuertes: quienes respaldan controles sobre el acceso de los vecinos a las viviendas sociales también deben estar dispuestos a explicar su propia situación cuando resultan beneficiarios.

“Los controles y las exigencias de transparencia deben ser iguales para todos. Si consideramos necesario controlar y transparentar el acceso a las viviendas sociales cuando se trata de los vecinos, también debemos hacerlo cuando quien resulta beneficiario es una persona que ocupa un cargo público”, expresó. En su publicación, el reproche fue todavía más directo: “Aurelia Córdoba: ahora te toca explicar”, escribió, antes de reclamar precisiones sobre la postulación de la edil y advertir que la transparencia no puede ser opcional cuando está involucrada una representante política. A ese antecedente, Jorge sumó otra afirmación en el intercambio con Nuevo Diario: aseguró que había impulsado un proyecto de anhelo para excluir a los funcionarios públicos de la participación y que también había recibido acompañamiento. Su señalamiento abre una discusión sobre la coherencia política de quienes respaldaron esa propuesta.

Una banca, un ingreso público y preguntas pendientes

Córdoba integra el oficialismo municipal, identificado con el espacio político del intendente Sergio Ramos, un vínculo que Jorge incluyó expresamente en su cuestionamiento público. “¿Nadie va a pedir explicaciones cuando quien recibe una vivienda social ocupa una banca, tiene un ingreso proveniente de la función pública y forma parte del mismo espacio político que gobierna el municipio?”, planteó en redes. El interrogante apunta a las condiciones de acceso y a los controles previos sobre la postulación. Tener un cargo público o percibir un ingreso por esa función no demuestra, por sí mismo, un incumplimiento de los requisitos; precisamente por eso, el reclamo de Jorge exige que se explique cómo fue evaluado el caso de Córdoba y con qué criterios quedó habilitada para participar. La propia concejala delimitó el alcance de sus declaraciones ante este medio: “No estoy afirmando que la adjudicación sea irregular. Lo que estoy reclamando es que se brinden las explicaciones correspondientes y que la comunidad pueda conocer cuáles fueron los criterios aplicados”. También aclaró que no discute el derecho de ninguna persona a acceder a una vivienda, sino la obligación de dar respuestas cuando quien obtiene el beneficio ejerce una función pública. En el mismo intercambio, Jorge afirmó que también había resultado beneficiado un hermano de un concejal.

“Para perseguirme, la vara altísima”

Jorge recordó los cuestionamientos que recibió por ejercer como abogada mientras ocupaba su banca y denunció una diferencia de trato frente al caso de Córdoba. En su publicación sostuvo que se había puesto bajo sospecha su actividad profesional y lanzó una frase que sintetiza ese reproche: “Para perseguirme, la vara altísima. Pero ahora que una concejal gana una vivienda del IPV, ¿la vara desaparece?”. En diálogo con Nuevo Diario insistió en que el control sobre la condición de funcionaria no puede depender de quién esté bajo observación. “Cuando se cuestionó mi actividad profesional mientras ejercía como concejal, se puso bajo análisis mi condición de funcionaria y mi trabajo como abogada. Por eso entiendo que la misma vara de control y transparencia debe aplicarse en cualquier circunstancia y a cualquier funcionario”, expresó.

Jorge cerró su planteo con una exigencia que incluye a toda la dirigencia y también a ella misma: “La vara tiene que ser una sola: para mí, para Aurelia Córdoba y para cualquier persona que ocupe un cargo político”. Para las familias que seguirán esperando, esa igualdad necesita ser comprobable: después del sorteo continúan los alquileres, las necesidades de los hijos y la incertidumbre sobre la próxima oportunidad. Al cierre de esta edición, no hubo respuestas por parte de Córdoba ante intentos de comunicación de este medio con la edila de Rosario de Lerma.