Salta busca recuperar los costos de la atención hospitalaria a pacientes con obra social
El Gobierno provincial declaró de interés público un proyecto para identificar las coberturas médicas, facturar las prestaciones y cobrar los servicios brindados por los hospitales públicos. La iniciativa deberá instrumentarse mediante una licitación pública y no implica una adjudicación directa a la empresa que presentó la propuesta.
La propuesta se declaró de interés público mediante el Decreto 618/2026, publicado el jueves en el Boletín Oficial.
El proyecto contempla la implementación de un sistema integral que permita identificar la cobertura de cada paciente, registrar las prestaciones realizadas, emitir las facturas correspondientes y gestionar el cobro ante las entidades responsables.
El objetivo es que los gastos derivados de la atención de personas que cuentan con cobertura médica puedan ser recuperados por el sistema sanitario provincial. De esta manera, se busca que las entidades que tienen la obligación de cubrir esas prestaciones afronten los costos de los servicios que reciben sus afiliados.
La normativa establece que los hospitales públicos deben garantizar la atención sanitaria sin distinción entre quienes tienen cobertura médica y quienes no cuentan con ella. Sin embargo, señala que la obligación de brindar asistencia no implica que el Estado deba asumir de manera definitiva los gastos que corresponden a las obras sociales, prepagas u otras entidades financiadoras.
En ese sentido, el recupero de esos recursos permitiría reforzar el financiamiento de los establecimientos sanitarios. Según los fundamentos de la iniciativa, los fondos obtenidos podrían destinarse al sostenimiento de los hospitales, la compra de medicamentos e insumos, el mantenimiento de equipamiento y la continuidad de las prestaciones.
Una contratación mediante licitación pública
A la propuesta la presentó por Rubén Fortuny, gerente de Gestión Integral del Norte SRL, una sociedad en formación. La iniciativa obtuvo dictamen favorable de la comisión evaluadora y de la Fiscalía de Estado, lo que permitió avanzar con su declaración de interés público.
No obstante, el decreto establece expresamente que esa decisión no representa una adjudicación del servicio a la firma que presentó el proyecto. Por el contrario, dispone que la contratación deberá concretarse a través de un procedimiento de licitación pública.