Greenpeace denunció nuevos desmontes en Tartagal y alertó por el impacto sobre comunidades wichí
La organización ambientalista documentó el uso de topadoras y cadenas para desmontar bosques sobre la ruta nacional 86. Según denunció, en los últimos dos meses se arrasaron más de 3.300 hectáreas en tres fincas, con afectación de territorios y cementerios de comunidades indígenas.
Greenpeace denunció la continuidad de los desmontes en las cercanías de Tartagal, donde registró a dos topadoras que utilizaban grandes cadenas para destruir sectores de bosque nativo y territorio de comunidades wichí sobre la ruta nacional 86. La organización advirtió que las intervenciones afectan áreas de alto valor ambiental y espacios vinculados con la vida de las comunidades originarias.
De acuerdo con el relevamiento difundido este jueves 1 de octubre, durante los últimos dos meses se desmontaron más de 3.300 hectáreas en tres fincas de la zona. Según Greenpeace, las tareas alcanzaron territorios y cementerios de distintas comunidades wichí.
Los establecimientos señalados son Tonono, perteneciente a Martín Morales; Alcoba, de la empresa agropecuaria Desdelsur S.A., vinculada a las familias Macera y Blaquier; y Caraguatá, de Estancia Tres Lagunas S.A.
A partir de los registros obtenidos, la entidad ambientalista cuestionó la falta de intervención estatal y apuntó contra la administración provincial. “Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio, que implica arrasar con bosques en muy buen estado de conservación, y con el territorio y sustento de diez comunidades wichí”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
La organización sostuvo que la situación representa una amenaza tanto para la conservación del bosque nativo como para las comunidades que dependen de esos territorios para su subsistencia y que mantienen allí espacios de valor cultural y comunitario.
Cuestionamientos a los cambios en la legislación ambiental
Greenpeace también expresó su preocupación por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme el decreto presidencial que derogó la Ley de Tierras Rurales. Esa normativa establecía límites a la adquisición de tierras y cuerpos de agua por parte de extranjeros.
A su vez, la entidad advirtió sobre la intención del Gobierno nacional de modificar la Ley de Bosques para flexibilizar las condiciones que regulan los desmontes. Desde la organización consideran que esos cambios podrían incrementar la pérdida de bosques nativos en el país.
En ese sentido, Cruz recordó que Argentina asumió en la Cumbre Climática de Glasgow de 2021 el compromiso de alcanzar la deforestación cero para 2030. Sin embargo, sostuvo que el país todavía está lejos de cumplir esa meta.
“Ante esto, la flexibilización de la Ley de Bosques que promueve el gobierno nacional resulta inadmisible, ya que generará un aumento significativo de la deforestación”, señaló. Como alternativa, reclamó una aplicación estricta de la normativa y avanzar en la prohibición y penalización de la destrucción de bosques nativos.
Una convocatoria para defender los bosques
Frente a los desmontes registrados en el norte salteño, Greenpeace convocó a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa denominada “República de los Siete Bosques”, una plataforma que busca conformar una comunidad de personas comprometidas con la protección de estos ambientes y la difusión de alertas ante posibles amenazas.
La inscripción se realiza a través del sitio web sietebosques.org .
La denuncia vuelve a poner en el centro de la discusión la protección del bosque nativo en el departamento San Martín, donde las intervenciones sobre grandes superficies de tierra generan preocupación por sus consecuencias ambientales y sociales, particularmente por su impacto sobre los territorios de las comunidades indígenas.