La Justicia juvenil, el desafío para evitar que el delito se repita
Más de 1.900 personas participan en Salta del IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil.
Durante la apertura, especialistas remarcaron la necesidad de diferenciar el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal y fortalecer las políticas de prevención.
El nuevo régimen penal juvenil, vigente desde hace 25 días en todo el país, comenzó a poner a prueba la capacidad del Estado para responder ante los adolescentes que entran en conflicto con la ley.
Ese fue uno de los principales ejes del IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, que reúne en Salta a especialistas y operadores de distintas provincias.
Durante la apertura, el Asesor General del Ministerio Público Pupilar, Gaspar Solá Usandivaras, sostuvo que la implementación de la Ley 27.801 exige mucho más que la preparación de jueces y fiscales.
Señaló que también es indispensable contar con equipos interdisciplinarios especializados que trabajen en territorio y aporten elementos para tomar decisiones adecuadas en cada caso.
“El desafío de la especialización no alcanza únicamente a los operadores judiciales”, planteó Solá Usandivaras, al destacar el papel de los equipos que intervienen directamente con niños y adolescentes.
La prevención como eje
El funcionario también puso el foco en la necesidad de generar información que permita conocer cuáles son las principales problemáticas que atraviesan a niños y adolescentes y detectar de manera temprana situaciones de vulneración de derechos.
En ese sentido, consideró necesario contar con sistemas de gestión que permitan medir esas situaciones y orientar las políticas públicas.
El objetivo, sostuvo, es que el Estado pueda intervenir antes de que los conflictos se profundicen y, al mismo tiempo, generar herramientas que contribuyan a evitar la reincidencia.
Para Solá Usandivaras, el nuevo régimen debe articularse con la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde 2005.
La coordinación entre ambos sistemas aparece así como uno de los principales desafíos de esta nueva etapa.
Un sistema diferente al de adultos
El Asesor General remarcó que un adolescente que entra en conflicto con la ley penal sigue siendo una persona en desarrollo y, por lo tanto, debe recibir un tratamiento diferenciado del que corresponde a los adultos.
La discusión, en ese sentido, no se limita a la respuesta judicial frente al delito, sino que también alcanza a las políticas de prevención y a la capacidad de detectar a tiempo las problemáticas que afectan a las infancias y adolescencias en cada jurisdicción. El Congreso se desarrolla en el Centro de Convenciones bajo el lema “La especialización como garante de la paz social” y cuenta con la participación de especialistas de todo el país. La actividad es organizada por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, el Foro Penal Juvenil, el Poder Judicial de Salta y las Escuelas de la Magistratura del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Recursos
Por su parte la asesora 7 Carina Quinteros señaló al programa del MPP Antena Infantil, dijo que la convocatoria de los asistentes al Congreso mostró la preocupación y el interés por construir soluciones a medida.
“Es necesario el aporte de varias disciplinas, como saber el contexto y que llevó al adolescente a cometer un delito, siendo el rol del asesor ser garante de los otros derechos, económicos, culturales y sociales”.