La comunidad Lule marchará contra la demolición de 25 viviendas y en defensa de las familias de Las Costas
Familias de Finca Las Costas y Lule se movilizarán el lunes 5 de octubre para rechazar la demolición de viviendas que, según denunció el referente David Torres, fue ordenada en el marco de un amparo ambiental.
La concentración será a las 18.30 en el puente de la bajada de San Lorenzo, bajo la consigna “No al despojo de Finca Las Costas”, de acuerdo a lo resuelto en la asamblea que tuvieron el jueves último.
Torres aseguró que la medida alcanza a 25 casas y que afecta a familias que actualmente viven en el lugar.
Explicó que el conflicto se remonta a un amparo iniciado en 2020 por contaminación, a partir del cual se establecieron restricciones para construir e introducir animales en la reserva.
Según su relato, la Justicia considera que las construcciones incumplieron esas disposiciones. El referente reconoció que algunas viviendas se levantaron después de la medida, pero sostuvo que otras son anteriores y cuestionó la identificación de los inmuebles en los informes incorporados al expediente.
“Hay casas que han fotografiado en dicho informe y resulta que lo nombran de una forma y no son de esa familia, son de otra”, afirmó.
Para Torres, esos errores deben ser revisados antes de avanzar con decisiones que afecten a los habitantes.
El referente también sostuvo que, en una audiencia reciente, se intimó la Secretaria de Ambiente de la Provincia a concretar las demoliciones en un plazo de 25 días, bajo apercibimiento de una multa sobre su sueldo.
Ese plazo y el alcance de la orden fueron señalados por Torres en sus declaraciones.
Cuestionamientos por la contaminación
Uno de los principales reclamos de la comunidad es que las restricciones recaen sobre las familias de Las Costas mientras, según Torres, existen otras fuentes de contaminación vinculadas con urbanizaciones de San Lorenzo Chico.
El dirigente atribuyó los problemas a deficiencias en la infraestructura cloacal de barrios privados y aseguró que las obras realizadas posteriormente no resolvieron por completo la situación.
También diferenció las actuaciones administrativas provinciales sobre esas urbanizaciones de las medidas judiciales que afectan a los habitantes de la reserva.
“Hasta ahora nos viene sancionando solo a nosotros”, expresó, al reclamar una revisión del enfoque de la investigación.
Sostuvo que las familias cuentan con cámaras sépticas y cuestionó que se las responsabilice por la contaminación sin considerar otros posibles orígenes.
Torres denunció además restricciones para acceder al agua y abrir canales de riego, tanto para integrantes de la comunidad indígena como para pobladores criollos.
En contraste, aseguró que las urbanizaciones cuentan con acceso al recurso.
El informe de la inspección
Entre los antecedentes aportados figura un informe del Juzgado de Paz de Vaqueros, fechado el 26 de marzo de 2026 y dirigido a María Guadalupe Villagrán, identificada en ese documento como jueza del Juzgado de Minas N.º 1.
La actuación corresponde al expediente “Provincia de Salta s/Amparo”, iniciado en 2020.
El informe describe una recorrida por distintos sectores de la reserva junto con personal policial, el administrador de la finca y un guardaparque provincial.
Consigna construcciones consideradas recientes, materiales de obra, corrales y la entrega de notificaciones.
También deja constancia de que en las fracciones inspeccionadas no hay cloacas y señala la existencia de pozos ciegos.
La inspección registró, además, maquinaria utilizada para recolectar y clasificar áridos en un sector del arroyo o río El Lecheronal. El documento menciona una zaranda ubicada en el cauce, huellas de maquinaria y restos de material que, según la observación asentada, parecían haber sido removidos pocos días antes.
Una estrategia conjunta de las familias
Torres informó que integrantes de la comunidad Lule y pobladores criollos acordaron en una asamblea desarrollar una estrategia común para defender su permanencia y llevar sus reclamos a la Justicia.
También cuestionó la extracción de recursos naturales de Las Costas y denunció que el tránsito de camiones que transportan ripio deteriora caminos y cañerías.
Según sostuvo, las familias siguen conviviendo con pozos y roturas mientras esos materiales se destinan a obras en otros sectores de San Lorenzo.
La movilización del lunes buscará visibilizar estos reclamos y el rechazo a las demoliciones. “Hay algunas que sí se hicieron posterior, pero ya vive la gente, son familias”, remarcó Torres.