Concejales denuncian irregularidades en la concesión del crematorio

Concejales de los bloques políticos Juntos por el Cambio + (JxC+) y la Unión Cívica Radical (UCR) denunció a la Secretaria de Servicios Públicos y Ambiente por incurrir en irregularidades en el procedimiento de concesión y evaluación de impacto ambiental y social a la firma Pieve S.A, por el crematorio.

Los ediles de distintos bloques también solicitaron la nulidad del acto administrativo de autorización del proyecto de concención de 35 años.

Cuestionan el procedimiento de la evaluación indispensable para conocer el impacto ambiental y social y ratificaron que "si no hace lugar al pedido de nulidad presentado recurrirán a la justicia. De ninguna manera vamos a permitir que Daniel Nallar, Secretario Legal y Técnico se tome atribuciones que le corresponden al Concejo Deliberante". aseveraron.

Los ediles José Miguel Gauffin, Agustina Estela Álvarez Eichele, Pablo Emanuel López, María Emilia Orozco, Laura Cecilia Jorge y Alberto Salim, más allá de realizar la denuncia correspondiente también solicitaron la total anulación del acto administrativo de autorización del proyecto del crematorio, ya que la Municipalidad de Salta, por medio de la Secretaria Legal y Técnica decreto el 14 de enero la Resolución Nº 003/22.

Cuestionan la concesión absoluta de la firma Pieve Salud S.A. para la prestación del Servicio Funerario y Crematorio por el lapso de 35 años.

En el primer escrito presentado, se detalla la denuncia a la Secretaria de Servicios Públicos y Ambiente se asegura además que no se tuvo en cuenta el correspondiente cuidado del medio ambiente y no respeta la normativa vigente.

Agustina Álvarez, concejal de JxC+, declaro que: “no vamos a permitir que las ineficiencias cometidas por la secretaría dañen nuestro medio ambiente, es por ello que, de no hacer lugar al pedido de nulidad presentado, recurriremos a la justicia”, detalló.

Mientras que en el segundo escrito consiste en la presentación de un recurso jerárquico ante la Secretaria Legal y Técnica en el que los bloques políticos solicitaron la revocación del acto administrativo por medio del cual el Doctor Daniel Nallar decidió otorgar la concesión a la firma Pieve S.A por el término de 35 años.

Álvarez agregó que: “de ninguna manera vamos a permitir que el Secretario Legal y Técnico se tome atribuciones que le corresponden al Concejo Deliberante", finalizó.

La solución que proponen

El 14 de enero ya se otorgó la concesión del servicio público por un lapso de 35 años, la aprobación registra varias inconsistencias en donde los concejales se pronunciaron en contra y tomaron medidas legales.

José Gauffin, concejal de Juntos por el Cambio + (JxC+), en comunicación con el Nuevo Diario, declaró que existe muchas inconsistencias con respecto al estudio de impacto ambiental presentado para la instalación del crematorio y de que existe un exceso de poder por parte del Secretario Legal y Técnico.

Gauffin detalló que se presentó el recurso de reconsideración en el que consiste sobre el otorgamiento de la concesión del servicio público municipal sumado a la denuncia al secretario.

Los reclamos presentados ponen en foco la relación a la tramitación que se ha dado al estudio de impacto ambiental que se ha presentado para el otorgamiento de esa concesión.

“Nosotros entendemos que es bueno la inversión privada, que es bueno la inversión de la actividad privada. Pero que se debe hacer lo correcto y tramitar el estudio ambiental con los procedimientos correspondientes”.

Esto nace debido a que en un estudio riguroso por los concejales denotaron que no se ha cumplido con lo que establece la orden 12.745 que regula el procedimiento de los estudios de impacto ambiental y social en la Ciudad de Salta, esta ordenanza establece el procedimiento que en esta ocasión ha sido alterada permanentemente por la actuación del Secretario Legal y Técnico durante la tramitación del estudio, comentó Gauffin.

Gauffin opinó que esta inconsistencia empezó con el orden de los procedimientos. “Se aprobó el estudio de impacto ambiental cuando no estaba hecha la audiencia pública, no categorizo correctamente a la actividad cosa que es necesaria para emitir la resolución por la Municipalidad, debe categorizarla de alto, mediano o bajo y en función de eso se tramita todo el proceso”, indicó.

El edil sostuvo que se usó la excusa de la categoría para hacer todo sin audiencia pública. Por lo tanto, se aprobó un estudio de impacto ambiental que consideran “flojo y que tiene muchas inconsistencias sobre todo en el fondo que es la tramitación”, declaró.

Enfatizó que la denuncia se realizó porque no se cumplía con las etapas, se aprobó un estudio de impacto ambiental sin categorización ni audiencia pública. "Se categorizo posteriormente hubo una audiencia pública, el secretario se toma la atribución de hacer una evaluación de la audiencia cuando eso lo tiene que hacer el Secretario Publico de servicios de Medioambiente y no el Secretario Legal y Técnico”, explicó.

"No tienen atribución"

Ante estos pedidos presentados, Alberto Salim, concejal de la Unión Cívica Radical (UCR), también al hablar con Nuevo Diario que muchos concejales están al tanto de la situación y adhieren a la medida. "No están pidiendo informes para evaluar la situación de la instalación del crematorio”, reveló.

En consonancia con el bloque JxC+, Salim afirmó que cuestionan el estudio de impacto ambiental y social, "pero tampoco se cumplió con la convocatoria a audiencia pública”.

“Nosotros estamos totalmente cuestionando e impugnando a la resolución porque no tiene atribución para hacer lo que hizo realizar la concesión por 35 años y estipular las series de cuestiones que son solamente tiene que definir el Concejo Deliberante a través de una ordenanza y no el atribuirse funciones tecnicativas y de ultima ni siquiera esta habilitado para realizar la concesión”.

Salim agregó que quien debe aprobar la concesión es la intendenta Bettina Romero y no Nallar, el secretario de Legal y Técnico. Esta concesión está por todos lados está viciado”, reafirmó.  

Ambos bloques políticos presentaron los escritos al Secretario de Servicios Públicos y Ambiente, Mario Castelli para que acciones sobre lo presentado en relación al estudio de impacto ambiental y social y que se rehaga con los trámites correspondientes.

Gauffin y Salim, coincidieron que ante la negativa de la anulación del proceso procederán a presentar un recurso de amparo dentro de los tiempos vigentes que se determine.