Familia de Morillo debe dejar el terreno y pide ser reubicada
La familia Cabral tiene plazo hasta el 16 de noviembre para abandonar un terreno reclamado por la comunidad wichi La Cortada. Raúl Cabral advirtió que no cuentan con otro lugar para vivir ni trasladar sus animales. El Frente Nacional Campesino pidió ante la Legislatura que les asignen otro terreno.
“No tenemos dónde ir”. Con esa advertencia, Raúl Cabral describió la situación que atraviesa su familia ante el desalojo del terreno ubicado en el Paraje El Quemao donde, según relató, viven desde 2001.
Según sostuvo Cabral, los integrantes de la comunidad wichí residen actualmente en Morillo, a unos 20 kilómetros del paraje, y nunca habitaron el territorio que su familia debe dejar. El productor remarcó que él y su familia viven en el lugar desde 2001, donde tienen su casa, un pozo y un corral para los animales.
La actividad ganadera constituye su sustento y, además de una vivienda, necesitan un espacio donde continuar con la pequeña producción.
El plazo para abandonar el inmueble quedó establecido en una audiencia realizada el 9 de octubre en el Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia de Primera Nominación de Tartagal, a cargo de la jueza Eugenia Hernández Berni.
En el expediente por reivindicación iniciado por la comunidad wichi Lewetes La Cortada contra Germán Cabral, las partes acordaron que la familia se retirará hasta el 16 de noviembre de 2026, a las 12.
Ante esta situación, desde el Frente Nacional Campesino solicitaron ante la Legislatura que la familia sea reubicada en otro terreno.
El pedido busca una alternativa que les permita contar con un lugar para vivir y mantener la actividad de la que dependen sus ingresos.
Cabral explicó que el grupo familiar está integrado por entre siete y ocho personas y que no dispone de recursos para comprar tierras. Según detalló, tienen entre 30 y 40 vacas, alrededor de 40 cabras y entre 15 y 20 cerdos.
“Nosotros vivimos de la pequeña producción que tenemos. Nos dedicamos a la cría de animales”, sostuvo.
La incertidumbre, señaló, alcanza tanto al destino de la familia como al traslado del ganado: “No tenemos dónde llevar los animales, no tenemos dónde ir”.
Sobre el origen del conflicto, Cabral afirmó que se instalaron en 2001, cuando las tierras eran fiscales, y que la comunidad inició sus trámites en 2004.
Según su relato, la ocupación de su familia no fue reconocida en ese proceso y la disputa se judicializó en 2014.
También sostuvo que no pretendían quedarse con toda la superficie reclamada, que estimó en unas 600 hectáreas, sino conservar una porción donde se encuentran la casa, el pozo y el corral. “Lo que pedíamos era no ser desalojados”, expresó.
El acta de la audiencia establece que, si la familia no cumple con la salida en la fecha acordada, se procederá al lanzamiento inmediato con la fuerza pública.
La parte demandante deberá disponer los medios para recoger y trasladar los bienes, sin involucrar a miembros de la comunidad en esas tareas.
Para los animales o maquinarias cuyo traslado resulte difícil, se prevé que sean inventariados por el juez de Paz y permanezcan en el inmueble, bajo responsabilidad de los demandados.
La familia también quedó autorizada a retirar cercos y otras construcciones removibles.
Durante la audiencia, la representante de la Municipalidad de Coronel Juan Solá manifestó que, en principio, el municipio no se encontraba en condiciones de brindar asistencia.
No obstante, dejó abierta la posibilidad de que los afectados la soliciten por la vía administrativa correspondiente.
Con la fecha de salida fijada, Cabral insistió en que necesitan una respuesta del Gobierno para ser reubicados. “No tenemos para comprar algo e irnos”, remarcó.